Ataques armados cerca de night clubs en Quito generan temor en los moradores
En menos de un mes, tres hechos violentos cerca de ‘night clubs’ han dejado cuatro fallecidos y heridos en Quito
En dos semanas, tres ataques armados han sacudido a los centros de diversión nocturna en la capital. Los incidentes, ocurridos en El Inca y La Bota, sectores residenciales del norte, dejaron cuatro fallecidos y al menos dos personas heridas. Mientras las autoridades intensifican los operativos de control, los moradores viven en zozobra y con una sensación constante de inseguridad.
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Germania Lite, presidenta del Comité de Seguridad del barrio La Bota, dice que el temor es constante por la presencia de esos establecimientos y muchos de ellos operan sin los permisos necesarios.
El último fin de semana, en el sector, un cantante fue asesinado tras salir de un club nocturno clandestino. El local fue clausurado por las autoridades al comprobar que tenía en su interior una especie de “búnker”, con salidas de escape, túneles y no contaba con permisos municipales ni medidas de seguridad.
Desde el viernes 26 de septiembre de 2025, entre la Agencia Metropolitana de Control (AMC) y la Intendencia de Pichincha, se clausuraron 15 locales de diversión nocturna en distintos puntos de la ciudad. En los operativos también se incautaron municiones y sustancias sujetas a fiscalización.
En el mismo sector de La Bota, el 17 de septiembre ocurrió un ataque armado que dejó dos personas fallecidas y una herida en un centro de tolerancia, ubicado en la calle Los Aceitunos.
Aquel hecho violento se dio apenas 24 horas después de que hombres armados en moto dispararan más de 10 veces contra un burdel en El Inca, lo que provocó la muerte de un guardia.
Conflicto alrededor de los centros nocturnos
Pese a los recientes controles, para los moradores resultan insuficientes. Lite asegura que en La Bota, en donde funciona otro centro clandestino, hay peleas, consumo de alcohol en el espacio público, insultos y gritos hasta la madrugada. Los vecinos prefieren evitar problemas y optan por el silencio. Lite comenta que incluso muchos moradores han sido amenazados si presionan la alarma comunitaria.
El temor se incrementa por la ausencia policial. La dirigente recuerda que desde hace un año y medio ha enviado oficios para que arreglen la UPC que está deteriorada, sin recibir respuestas. A eso se suma que no cuentan con un patrullero.
“Cuando hay una alerta en el barrio, los policías no llegan o se demoran porque están en otros sectores, donde también hay centros de tolerancia. Esta zona es muy grande y no se dan abasto”, comenta.
En el sector de El Inca, donde ocurrió el primer ataque de septiembre, el propietario de un taller de reparación de electrodomésticos cuenta que nunca se había sentido inseguro, pese a la presencia del burdel. Pero ahora ha cambiado su percepción. “Con lo que sucedió aquí y en otros centros hay incertidumbre si esto volverá a suceder”.
En la av. La Prensa, en junio, un ataque con explosivos a un night club también causó temor entre los residentes. Henry Pino, comerciante, señala que se enteraron que se trataría de una extorsión. “Dicen que la situación se puede poner peor. Si ya amenazan a uno, pueden seguir con más negocios. Un vecino que tenía un puesto en el parqueadero junto al club decidió irse por seguridad”, relata.
En una entrevista, Carolina Andrade, secretaria de Seguridad, indicó que los operativos a este tipo de establecimientos son permanentes e incluso se han intensificado por alertas ciudadanas. Los controles se realizan en conjunto con entidades municipales, así como la Policía y la Intendencia y se inspeccionan los permisos de funcionamiento, condiciones de seguridad, control de armas, etc.
La funcionaria explicó que los operativos se dirigieron a locales previamente identificados por la Policía como focos de riesgo, donde se consideró necesario reforzar la presencia y control de las autoridades.
No obstante, los habitantes exigen más presencia policial y controles puntuales. “Pedimos patrulleros, iluminación, un control real. Una calle como la Odilo Aguilar lleva más de seis años abandonada. Por ahí se esconden los delincuentes entre los arbustos, listos para robar”, advierte Lite. En ese tramo viven al menos 20 familias que sienten que no hay ninguna protección.
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