A un año de aprobada, la ordenanza no frena los delitos en motocicleta en Quito
La falta de coordinación entre Municipio y Policía debilita la ejecución. Los vecinos aseguran que los asaltos continúan
A un año de su promulgación, la ordenanza que prohíbe la circulación de dos hombres en una misma moto, no resuelve el problema de fondo: el control de armas y la presencia territorial del crimen organizado. Pero, evidencia una brecha entre lo normativo, lo operativo y la seguridad real en las calles.
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En Quito aumenta la percepción de inseguridad
En la cotidianidad del ciudadano quiteño, ya sea peatón o conductor, pocas cosas generan tanta desconfianza como ver acercarse a dos hombres en una motocicleta. En los últimos años, los delitos de asalto y sicariato cometidos bajo este modus operandi se han vuelto cada vez más frecuentes y sangrientos
Por esta razón, el concejal Bernardo Abad impulsó una ordenanza que prohíbe la circulación de dos hombres en una misma moto, la que se aprobó el 9 de julio de 2024. La propuesta surgió como respuesta directa al aumento de delitos violentos cometidos por hombres en motocicleta en el distrito capitalino.
Días antes del aniversario de la ordenanza, la Policía Nacional informó a través de su cuenta en X la desarticulación de una banda delictiva integrada por ciudadanos extranjeros, dedicada al robo armado en zonas comerciales de Quito. Según el reporte, el grupo perfilaba a sus víctimas en centros comerciales y entidades bancarias, y las abordaba posteriormente en motocicletas, utilizando armas de fuego, confirmando que este método sigue vigente en la ciudad, pese a las medidas restrictivas aprobadas por el Municipio.
La intención, según Abad, fue crear una herramienta disuasiva que permitiera anticipar y reducir estos delitos, especialmente robos y sicariatos, sin afectar al grueso de los ciudadanos que hacen uso legítimo de la motocicleta. Sin embargo, al cumplirse un año de su entrada en vigor, aún persisten dudas sobre su aplicación en el día a día.
Los testimonios evidencian una realidad más compleja. La ordenanza contempla excepciones como: familiares directos, adultos mayores, personas con discapacidad o parejas.
¿Limitaciones en la implementación?
Washington Martínez, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), reconoce que el alma de la ordenanza es la seguridad, no la movilidad, y advierte sobre las limitaciones de su implementación. “¿Cómo envío a agentes de tránsito, que no estamos armados, sin chalecos ni armas letales, a sectores de alta peligrosidad?
Martínez insiste en que la AMT ha cumplido su parte, pero subraya que esta es una responsabilidad compartida entre la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito, y en muchos casos se implementan operativos conjuntos (COMEX), que incluyen al Ejército.
María Luisa Cordero
La ordenanza permite excepciones si son pareja, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Según Martínez muchos alegan serlo y hasta se dan un beso para demostrarlo. “Yo no puedo exigir una prueba de relación porque la Constitución no me lo permite”, explica, evidenciando la dificultad para aplicar la norma sin vulnerar derechos.
A criterio del edil Abad, la ordenanza es completamente aplicable, “El problema radica en la falta de decisión política y en la escasa coordinación directa con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Por motivos netamente políticos, no se ha logrado una articulación efectiva con las fuerzas del orden, lo que impide que la norma se ejecute con la firmeza y contundencia necesarias”.
Abad sostiene que “a todas luces, es público y notorio, la malas relaciones políticas que tiene el Alcalde de Quito de la RC con el presidente Daniel Noboa. Esto provoca que ordenanzas, resoluciones, leyes, que deberían ser aplicadas coordinadamente entre municipio y gobierno central, no se hagan.
Se solicitó información a la Policía Nacional, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo una respuesta formal. De manera extraoficial, se indicó vía telefónica que la institución no realiza operativos relacionados con la ordenanza mencionada.
A un año de su aplicación, la ordenanza también ha sido criticada por generar una falsa sensación de control. Mientras algunos ciudadanos la respaldan, otros la ven como una medida que no ha dado resultados evidentes.
María Luisa Cordero, responsable del comité de seguridad del barrio González Suárez, es tajante: “No, para nada se ha dado cumplimiento a la ordenanza. Lo grave es que hay la norma, pero no hay quién la haga cumplir ni quién sancione. Los agentes solo aparecen para cobrar multas por pico y placa. Cuando uno necesita algo, desaparecen”.
Bernardo Abad
Cuenta que los asaltos en el barrio son permanentes, incluso con nuevas modalidades. “Van tres personas en tres motos, una al lado de la otra. Eso ya no lo controla nadie”. Y aunque la Policía Nacional ha llegado a identificar a algunos sospechosos, Cordero asegura que “los sueltan de inmediato” y que los moradores prefieren no denunciar por miedo a represalias.
A un año de aprobada, la ordenanza sigue sin resultados claros. Sin voluntad política ni herramientas para aplicarla, corre el riesgo de quedarse simplemente en una advertencia.
