Operativo militar retira cámaras ilegales usadas para vigilar a uniformados en Manabí
Autoridades reportaron la desinstalación de alrededor de 60 cámaras irregulares en Manta y Portoviejo
Miembros de las Fuerzas Armadas ejecutaron operaciones de seguridad en distintos puntos de Manabí, enfocadas en la desinstalación de cámaras de videovigilancia instaladas de manera clandestina, dispositivos que no formaban parte del sistema oficial ECU 911 y que, según informes preliminares, habrían sido utilizados con fines ilícitos y para monitorear los movimientos de la fuerza pública.
(Te puede interesar: Daniel Noboa regresa antes de su licencia para dirigir Consejo de Seguridad)
De acuerdo con reportes recientes, operaciones similares ya se habían llevado a cabo en cantones como Jaramijó, Manta y Portoviejo, donde se identificaron y retiraron cámaras instaladas en postes y estructuras urbanas sin autorización. Estos dispositivos eran presuntamente empleados por grupos delictivos organizados para vigilar a personal militar y policial, así como para coordinar actividades ilícitas o anticipar operativos oficiales.
En uno de los operativos más amplios del sector, autoridades reportaron la desinstalación de alrededor de 60 cámaras irregulares en Manta y Portoviejo, parte de un plan nacional orientado a evitar que redes criminales mantengan sistemas de alerta propios en zonas urbanas. El ECU 911 informó que estos dispositivos no contaban con ningún tipo de registro o autorización.
La finalidad supuestamente delictiva
Las cámaras, instaladas sin permisos y con cableado oculto o improvisado, se ubicaban en calles y sectores considerados de riesgo. Según informes militares, su propósito principal habría sido permitir que bandas criminales vigilen el movimiento de las fuerzas del orden, dificultando operativos y facilitando actividades ilícitas.
(Además: Ecuador despliega 10.000 militares contra bandas criminales: estas son las zonas)
En varias intervenciones realizadas desde 2025 en Manabí, se ha detectado un patrón: las redes clandestinas permiten a grupos del crimen organizado mantener control territorial, anticipar incursiones policiales y fortalecer sus estructuras operativas.
Tras su retiro, los equipos quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales, conforme a los procedimientos establecidos para evidencias tecnológicas y delitos relacionados con crimen organizado. El proceso contempla la revisión de los equipos, su procedencia y su posible vínculo con investigaciones en curso.
Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ
