
La Fiscalía archiva la denuncia contra Julio Iglesias por falta de competencia
Fiscalía archiva denuncia contra Julio Iglesias al concluir que España no tiene jurisdicción sobre los hechos denunciados
La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la denuncia presentada contra Julio Iglesias por una ONG, en representación de dos ex trabajadoras del cantante, que lo acusaban de presuntas agresiones sexuales y trata de personas, entre otros delitos. El ministerio público concluyó que los tribunales españoles no tienen jurisdicción para investigar el caso, al considerar que los hechos denunciados ocurrieron fuera del territorio nacional.
La decisión consta en una resolución firmada este viernes 23 de enero de 2026, luego de que la Fiscalía abriera diligencias preprocesales, un procedimiento previo destinado a determinar si existían competencias e indicios suficientes para iniciar una investigación penal. Las denunciantes señalaron que los supuestos abusos se habrían producido en 2021, en República Dominicana y Bahamas.
Falta de vínculos con España
En un escrito de siete páginas, la Fiscalía sostiene que la Audiencia Nacional, siguiendo criterios reiterados del Tribunal Supremo, ha interpretado que España no es competente para investigar delitos cometidos en el extranjero cuando no existen vínculos relevantes con el país. Entre estos criterios se incluyen casos en los que las víctimas son extranjeras y no residen en España, cuando los presuntos autores no se encuentran en territorio español o cuando los hechos pueden ser investigados en el Estado donde ocurrieron.
El ministerio público recalca que este escenario se cumple en el caso de Iglesias, ya que los presuntos delitos se habrían cometido fuera de España, las denunciantes no tienen nacionalidad española ni residen en el país, y no consta que hayan viajado con el artista a territorio español.
Autoridades extranjeras no han renunciado a investigar
La resolución también subraya que no existe constancia de que las autoridades de República Dominicana y Bahamas hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o se encuentren impedidas para hacerlo. Este elemento resulta clave, ya que la legislación española solo permite activar la jurisdicción universal cuando el Estado directamente competente no puede o no quiere investigar.
Según la Fiscalía, la totalidad de los hechos denunciados se ubican fuera del ámbito territorial español y no se ha acreditado ninguna circunstancia excepcional que habilite la intervención de la justicia española.
Reacción de las organizaciones denunciantes
La denuncia fue presentada a inicios de enero por Women’s Link Worldwide, con el apoyo de Amnistía Internacional. Ambas organizaciones rechazaron acudir a la justicia de República Dominicana y Bahamas y justificaron su decisión de recurrir a España por su marco legal de protección frente a la trata y las violencias de género, así como por la nacionalidad española de Julio Iglesias.
Tras conocerse el archivo del caso, las ONG calificaron la decisión de la Fiscalía como “lamentable” y sostuvieron que se perdió la oportunidad de analizar en profundidad las pruebas aportadas por las denunciantes, identificadas con los pseudónimos Rebeca y Laura. También cuestionaron que no se haya realizado un análisis de fondo sobre la culpabilidad o inocencia del denunciado.
Acusaciones y defensa del cantante
Según una investigación periodística publicada por elDiario.es y Univision, una exempleada del servicio doméstico denunció presiones para mantener encuentros sexuales con el cantante, mientras que una fisioterapeuta aseguró haber sufrido tocamientos e insultos durante su jornada laboral.
Julio Iglesias ha negado todas las acusaciones y contrató al abogado penalista José Antonio Choclán, quien desde el inicio sostuvo que la Audiencia Nacional no tenía competencia para asumir el caso. Aunque intentó personarse en las diligencias preprocesales, su solicitud fue rechazada.
Posibles acciones futuras
El archivo de la denuncia no impide que Women’s Link Worldwide intente ahora presentar una querella directa ante los juzgados de Instrucción de la Audiencia Nacional. No obstante, este camino se abriría sin el respaldo de la Fiscalía, lo que complica el avance del proceso judicial en España.
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