Juez resolverá acción de protección con la que se intenta nuevamente controlar acciones de GRANASA

El juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Guayaquil, Carlos Cristóbal López Vulgarín, resolverá este 8 de abril de 2026 una acción de protección que representa un nuevo intento por tomar el control del 40 % de las acciones de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), casa editorial de los diarios EXPRESO y EXTRA. La diligencia está programada para las 14:00 en el Cuartel Modelo de Guayaquil.

Medida cautelar y cuestionamientos legales

La acción de protección fue interpuesta el 28 de marzo de 2026 por el liquidador de la empresa Veranera S.A., Carlos Xavier Cadena Asencio. El recurso incluyó una solicitud de medidas cautelares con la pretensión de que un juez ordene a GRANASA la inscripción de Veranera en su libro de acciones y accionistas, basándose en una supuesta disposición de la Superintendencia de Compañías.

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El juez López Vulgarín admitió a trámite el recurso y programó la audiencia para este 8 de abril. Además, el magistrado concedió la medida cautelar y ordenó al representante legal de GRANASA proceder con la inscripción de la empresa Veranera, actualmente en liquidación, en los registros de la casa editorial.

GRANASA dice que recurso es improcedente

Sin embargo, mediante un escrito presentado este mismo 8 de abril, el abogado de GRANASA, Eduardo Carmigniani, solicitó la revocatoria de dicha medida. El jurista alega que el pedido es "manifiestamente improcedente" por carecer de fundamentos, conforme a lo estipulado en el artículo 35 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

Carmigniani recordó que la controversia sobre las acciones es de carácter estrictamente patrimonial. En ese sentido, señaló que la Corte Constitucional ya ha establecido que las acciones constitucionales no son la vía adecuada para resolver asuntos de naturaleza neta y exclusivamente patrimonial.

Alerta por presunto fraude procesal

En el escrito también se advierte que el liquidador de Veranera habría inducido al juez al engaño, al omitir en su demanda la existencia de un acuerdo transaccional entre Veranera e Ingrid Martínez Leisker, celebrado el 20 de febrero de 2026. Según acota Carmigniani, este hecho es crucial, pues en dicho acuerdo las partes reconocieron que "la única propietaria de las antedichas 100 mil acciones emitidas por Granasa es Ingrid Martínez Leisker, renunciando Veranera a cualquier reclamo al respecto".

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Finalmente, se señala que el referido acuerdo transaccional estipula que cualquier controversia derivada del mismo debe resolverse bajo el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. "El fraude procesas de quien funge como liquidador de Veranera es entonces evidente, pues él (el liquidador) conoce perfectamente que ese acuerdo existe, al punto que en otra actuación judicial se ha referido a aquel", alerta el abogado Carmigniani.