Tras la ordenanza que norma la instalación de rejas en Guayaquil, aprobada el pasado 4 de enero, en algunos barrios y ciudadelas ya se están organizando para cumplir con los requisitos que se establecen y puedan continuar con los cerramientos que, en muchos sectores de la ciudad, se han instalado como medida de protección frente a la delincuencia común y el crimen organizado.

En su mayoría no están en contra de la normativa, pero consideran que el más beneficiado con la medida es el Municipio y no la ciudadanía, que lo que busca es autoprotegerse por el nivel de inseguridad en que se vive, una tarea que está en manos del Estado.

La ordenanza que aprobó por unanimidad el Concejo Cantonal regula la ocupación del espacio o vía pública mediante la instalación de elementos de seguridad en el cantón; es decir, rejas o portones, especificó el Municipio, que dio un plazo de seis meses para la regularización de las rejas que ya están colocadas.

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Durante el debate, el concejal Raúl Chávez, quien planteó la propuesta, explicó a modo de ejemplo que, si un barrio regula sus portones y cancela un promedio de 40 dólares por uso de vía pública, ese pago es único durante el año y se divide entre todas las casas que estén dentro del cerramiento.

Es lo que están haciendo en la ciudadela Las Orquídeas, en el norte de la ciudad, donde decidieron cerrar sus calles desde el año pasado, con portones, por los constantes robos, asaltos, extorsiones (vacunas) y hasta sicariatos que ocurren.

“Estamos unificándonos y para pagar las regalías que dice el Municipio, estos son impuestos que cobran. Nosotros tenemos (con rejas) una calle vehicular, por la que nos cobran el 7,5 % del salario básico, que vendría a ser como 34,50 dólares, divididos para unas cien familias”, explica Oswaldo Matamotoros, uno de los líderes de Las Orquídeas, donde los comités se encargarán de realizar esas gestiones con el Municipio.

Matamoros y gran parte de sus vecinos no se oponen a la ordenanza, pero solo esperan que ese dinero recaudado sirva para hacer obras donde se necesite, especialmente en temas de seguridad.    “Lo que estamos haciendo es lo que el Municipio o el Gobierno no hace: dar seguridad, porque eso deben hacerlo ellos... nosotros mismos estamos pagando, colocando las rejas por la seguridad y encima ahora a pagar una tasa, un impuesto y nos ponen un poco de condiciones”, lamenta el líder, quien asegura que no fueron convocados para la socialización de la ordenanza.

Otro de los requisitos que contempla la ordenanza es contar con el respaldo de un 70 % de vecinos. Algo que, según Héctor León, también morador del sector, tienen adelantado desde el año pasado con las firmas de respaldo de un 90 a 95 por ciento de quienes viven en la cuadra, donde parte de una Iglesia católica está dentro del cerramiento.

“Además, estamos reuniéndonos con frecuencia para contratar los servicios de un guardia, porque en esta situación que estamos viviendo cuando declaran un estado de guerra... la reja de alguna forma contiene (a delincuentes)”, considera León.

Pero hay sectores donde la tarea recién empieza para la regularización de sus cerramientos. Renate Schenker, presidenta del Comité Los Ceibos, comenta que primero necesitan reunir el 70 % de aprobación para cerrar con rejas, como así lo piden muchos vecinos y luego los trámites con el Municipio para su aprobación, posterior a eso el pago de la nueva tasa. “Un camino largo” para el que se conformó la Comisión de Seguridad Los Ceibos, que será el contacto con el Cabildo.

Johanna Torres, presidenta del Consejo Barrial de Samanes 1, comenta que ellos no van a cobrar algún valor adicional a los moradores de su sector. “Lo que ya se coge de la aportación se va a pagar las rejas anualmente”, explica, al considerar que el valor que deben cancelar por el uso de suelo no es tan alto para ellos porque son muchos moradores.

Lo que ahora intentan solucionar con el Municipio es la confrontación que existe con un vecino que se opone a la instalación de rejas y cuya queja se tramitó en una de las comisarías municipales. Una situación que también enfrentan en Las Orquídeas con un morador que no está de acuerdo con las rejas, por la comunidad que asiste a la iglesia.

En otros sectores como Mucho Lote 1, donde todas las peatonales están cerradas con rejas    desde hace 14 años, los vecinos aún se están empapando de la ordenanza. En su mayoría, los portones se mantienen cerrados y sin guardianía. Pero hay vecinos que están atentos al llamado de personal de servicios públicos o emergencia.

David Rivera, quien cuida una de las peatonales de la quinta etapa, explica que entre las 27 casas o familias de la cuadra se deberá distribuir para el pago de la nueva tasa, lo que se hará como cuando se necesita recaudar para el bien común.

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