Finalmente, luego de dos apacibles debates por parte del Concejo Municipal de Guayaquil, la tarde de este jueves 4 de enero, se aprobó la ordenanza que regula la utilización de rejas y cerramientos en los barrios, una normativa que empezó a regir desde este mismo día.

La inseguridad que se vive en Guayaquil provocó que entre enero y octubre del 2023 se instalaran más de 500 rejas en la ciudad, lo que también provocó las quejas de los ciudadanos que denunciaban ser impedidos de circular libremente por las vías. Ante esto, el concejal Raúl Chávez mocionó la creación de esta ordenanza.

Luego del análisis de los ediles y la participación de algunos líderes barriales, la ordenanza fue oficializada. “La idea es que exista regulación a la hora de colocar las puertas en los barrios, queremos que la ciudad tenga un orden y por eso va esta ordenanza”, comentaba Chávez que se mostró complacido luego de la normativa fuera aprobada de manera unánime por todos los ediles que asistieron a la sesión de concejo.

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Tal como lo contó EXPRESO en ediciones anteriores, esta normativa cuenta con algunos requisitos que deberán cumplir quienes pretendan instalar rejas de ahora en adelante, por ejemplo: la construcción deberá tener la aprobación de la ATM y Segura EP; también los vecinos deberán correr con todos los gastos que generen las puertas, incluidos los de mantenimiento y el pago de la persona a cargo de facilitar el acceso entre las 06:00 y las 20:00; y además deberá pagar una tasa anual por uso de suelo y regalías que va entre $ 23 y $ 46. Este último punto es el que más ha incomodado a algunos líderes barriales que ven de mala manera este cobro y en su momento denunciaron no haber sido tomados en cuenta para la socialización.

“No nos dan ellos la seguridad y encima que gastamos entre mil y dos mil dólares, nos hacen pagarles a ellos. No es justo”, decía Rory Sangster, líder barrial de Urdenor 2, que añadía que el pedido de aprobación de la ATM y Segura EP, apuntaba solo a que les nieguen la solicitud de querer estar más seguros. “Capaz y luego nos quitaban las rejas y nos multen”, argumentó.

Sobre esto, el concejal Jorge Rodríguez aseguró ayer que la intención del Municipio no es cobrar multas ni quitar las rejas. “La intención no será recaudar, sino poder mantener el orden de la ciudad”, comentó, añadiendo que los que ya cuentan con rejas instaladas tendrán hasta 6 meses para poder regularizarse y cumplir con los requisitos solicitados.

Rodríguez también mocionó la idea de que los barrios puedan ser premiados por mantener en buen estado los cerramientos. “Así como se premian los balcones, podríamos hacerlo con las rejas, pero no dar dinero, sino que podemos brindar servicios como alarmas comunitarias o cámaras de seguridad”, explicó el edil.

Para Sangster esto no debe ser por méritos, sino obligación. “El Municipio debería ocuparse en ayudar a lo hecho por la ciudadanía, no solo en cobrar”, resaltó.

Mientras que la concejal Mayra Montaño apuntó a que se necesita más socialización en los vecindarios. “Las lenguas de yoyos desinforman y dicen que debe pagarse $40 por persona y eso no es así. Podemos trabajar más en la socialización para que no ocurra eso y la gente conozca los requisitos de esta nueva ordenanza”. 

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