El último viaje de las furgonetas y buses amarillos del transporte escolar por los alrededores de las escuelas y colegios de Guayaquil, fue el 4 de febrero pasado, cuando culminó oficialmente el año lectivo 2019-2020 en el régimen Costa. Desde entonces, los propietarios y conductores de las unidades tienen sus ingresos mermados y una incertidumbre respecto de cómo será el regreso a la actividad una vez que vuelvan los estudiantes a las clases presenciales.

El sector de la transportación escolar fue uno de los más golpeado por la emergencia sanitaria originada por la pandemia mundial de COVID-19.

Se calcula que hay unos 13.980 vehículos que se dedican a esta actividad a nivel nacional, de la que depende el sustento de unas 50.000 personas. No obstante, solo el 30 % de las unidades está activa, pero realiza otro tipo de actividad muy diferente a la escolar.

En la provincia de Guayas existen 2.790 unidades y en Guayaquil suman 2.300, cuyos choferes han decidido ‘reinventarse’ para dotar a sus vehículos con medidas de bioseguridad y buscar otras alternativas de subsistencia. Una de ellas es el traslado de empleados de empresas desde sus hogares al trabajo y viceversa para evitar la utilización del transporte público que puede ser un foco de contaminación por la aglomeración de personas.

Aunque en este grupo de choferes hay quienes reciben otros ingresos por labores complementarias o porque algunos son jubilados, el 60 % tiene como único sustento el trabajo que hace en la transportación de estudiantes.

En Guayaquil funcionan cinco operadoras y esta situación se ha vuelto realmente difícil para todas, manifiesta Oswaldo Guamán, presidente de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional del Ecuador (Fenateie), quien señala que cerca del 50 % de la población estudiantil de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), que cuenta con más de 500.000 alumnos, depende de este servicio.

Cada furgoneta tiene capacidad para 18 personas y un bus para 36, pero Elizabeth González, propietaria de dos unidades, dice que prefiere trabajar con la mitad del aforo en lugar de seguir con sus unidades paralizada. Es por ello que junto con otros compañeros del gremio ha planteado una propuesta que busca la reactivación económica de este sector.

“Que las instituciones públicas y privadas nos contraten”, dice González, al revelar que el plan incluye la adopción de medidas de bioseguridad frente a la pandemia que ya se están ejecutando en los automotores.

Entre ellas menciona la desinfección constante de los vehículos, tanto por la parte interna como externa; colocación de una mampara de plástico detrás del asiento del conductor que lo aísle de los usuarios, bandejas para la desinfección de zapatos antes de abordar el vehículo, alcohol, trajes de bioseguridad para el piloto del automotor e incluso la toma de la temperatura del pasajero.

Asegura que es importante respetar el distanciamiento social, por lo que la capacidad de ocupación de las unidades equivale al 50 % del total de los asientos asignados a los pasajeros. Estos están marcados con señaléticas que le indican a la persona dónde debe sentarse.

“Vamos a impedir el acceso de pasajeros que no cuenten con mascarillas debidamente colocadas y que previamente no se hayan sometido a un proceso de desinfección de sus manos, ropa, calzados y demás elementos personales transportados”, explica Olga García, quien lleva cuatro años prestando este servicio en varios colegios de la ciudad y dice que nunca había experimentado una crisis como esta.

“En los meses de marzo y abril no trabajé; ahora brindo servicio al personal administrativo de los colegios que poco a poco se han reintegrado a las labores presenciales. Pero hay otros compañeros que aún están paralizados”, anota la mujer, cuyo ingreso mensual es menor a un sueldo básico debido a que la cantidad de pasajeros también ha disminuido por las medidas de distanciamiento físico adoptadas.

Los transportistas piden ayuda para afrontar la disminución de ingreso y solicitan un plan de refinanciamiento para pagar las deudas que tienen por la adquisición de sus nuevas unidades, cuando las anteriores fueron chatarrizadas.

Al momento, unos cuantos vehículos trabajan prestando servicio institucional. “Estamos en modo de supervivencia y los pequeños ahorros se están terminando”, manifiesta Carlos González, quien lleva ocho años brindando su servicio y nunca pasó por su mente vivir una situación como esta.

Los conductores de expresos escolares recalcan que quieren trabajar, pero señalan que el transporte informal también los está perjudicando.

De acuerdo a la Ley de Tránsito, el transporte estudiantil también puede ofrecer servicio institucional, pero hay empresas que prefieren contratar el servicio informal o particular.

El presidente de la Fenateie informa que el gremio presentó a la Asociación de Municipalidades del Ecuador un proyecto de reinserción laboral para que gestione ante las empresas públicas y privadas la contratación de este servicio que, según indica- es seguro porque cumple con el protocolo aprobado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) en los tres colores del semáforo y porque no tiene restricción de placas para circular. “Algunos municipios, como el de Quito, por ejemplo, nos han ayudado, pero necesitamos sumar más apoyo. Además, pedimos que las autoridades ejerzan un control más efectivo al transporte informal para que no nos perjudiquen”, puntualiza.

MEDIDAS

Las unidades cumplen con los protocolos del Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Además no tienen restricción de placas para movilizarse.