El veto parcial del presidente de la República, Lenín Moreno, al Proyecto de Ley Humanitaria derivado de la pandemia de COVID-19, preocupa a los representantes del gremio de la educación particular.

Ellos abrigaban la esperanza de que en el documento enviado a la Asamblea Nacional se incluya un texto legal que garantice a las instituciones educativas el derecho a cobrar la deuda por el incumplimiento de los padres de familia en el pago de las pensiones de sus hijos. Pero esto no se dio.

El texto dispone que los centros de desarrollo infantil, instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales del Sistema Nacional de Educación otorguen rebajas de hasta 25 % a los padres de familia (o los representantes de los alumnos) que demuestren haber perdido su empleo o que sus ingresos se han reducido de forma proporcional.

Además señala que las instituciones no podrán suspender, bajo ninguna forma, el servicio educativo, la asistencia, el registro de asistencia y evaluación a dichos alumnos.

“En los casos que exista incumplimiento de pago de hasta seis meses, sin que las partes logren un acuerdo de pago, el Estado brindará las facilidades para que los estudiantes se mantengan dentro del sistema educativo, garantizando un cupo en una unidad educativa del sector público para el siguiente quimestre”, propone el Ejecutivo en el documento.

En el texto original no había montos para la rebaja de pensiones. Tampoco se establecían plazos para el no pago de las mensualidades.

La Asamblea tiene 30 días para analizar y resolver el veto que, a criterio de los representantes de los gremios de la educación privada, legaliza la morosidad de los padres en el pago de pensiones, que ha provocado una cartera vencida que oscila entre el 40 % y 60 % y ha llevado a más de 1.000 centros educativos particulares a cerrar sus puertas en los últimos 10 años.

Rómulo López Seminario, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica (Confedec), asegura que la mayoría de los planteles ya han aplicado descuentos, tras los acuerdos llegados con los padres de familia. A ello se suman las becas ofrecidas a los estudiantes de escasos recursos económicos

“El veto parcial vuelve complejo el escenario del sector educativo privado, ya que cada padre dará lectura, de acuerdo con su conveniencia, al punto relacionado a los descuentos”, manifiesta. Y agrega que en lo relacionado a la mora en el pago de pensiones, se deja carta abierta para que los padres dejen de cancelar las mensualidades hasta por seis meses.

“El problema está en la concepción que se da a la actividad educativa particular. Se sigue pensando que es un negocio rentable que puede pasar seis meses sin recibir cobro por valores y encima bajar los costos hasta un 25 %. Esto es inaudito”, sostiene el educador, quien advierte que muchos planteles van a seguir cerrando sus puertas debido a la falta de recursos para su operatividad.

Gloria Montenegro, rectora de la unidad educativa Atenas International School, reconoce que muchos establecimientos educativos, especialmente los medianos y pequeños, no están en condiciones de hacer rebajas, ya que afrontarían problemas de iliquidez que no les permitirían pagar los sueldos a los docentes y los servicios básicos del local. “Nosotros ofrecimos rebajas del 10 %, pero no podríamos ofrecer más, porque ese es nuestro límite”, asevera.

Martha Córdova, presidenta de la Federación de Establecimientos Educativos Particulares Laicos (Fedepal), recuerda que por la emergencia sanitaria las instituciones están otorgando ayudas financieras en diferentes porcentajes, según la situación de cada familia. “Pero no podemos permitir que se nos siga perjudicando, ya que el padre de familia se verá respaldado para seguir incumpliendo con su responsabilidad”.

Córdova recalca que en la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI), vigente desde 2011, ya se establece que quienes estudian en planteles particulares y no logran pagar las pensiones no perderán el derecho a dar exámenes y no podrán ser retirados de las clases. “Con el veto parcial se le está dando más fuerza a esto”.

Pese a ello, los dirigentes gremiales aún tienen la esperanza de que la Asamblea Nacional no se allane al veto parcial del presidente de la República y ratifique el texto del artículo 3 del proyecto de ley como originalmente salió de este organismo.

DETALLE

Problemas. La crisis en el sector educativo privado ha generado desempleo entre docentes, además de atrasos en el pago de las aportaciones al IESS y de sueldos.