Más planificación y data para garantizar agua para el agro

La advertencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de que el mundo ha entrado en una etapa de ‘bancarrota hídrica’ global, genera debate sobre cómo resolver el déficit de agua, que en el mediano y largo plazo podría afectar a sectores clave de la economía de Ecuador, como la agricultura.

La ONU, señaló en un estudio, difundido ayer por EXPRESO, que la agricultura hoy en día consume cerca del 70 % del agua dulce disponible, convirtiéndose en el principal foco de presión sobre el recurso. Según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria, en Ecuador, 4,8 millones de hectáreas están bajo labor agropecuaria, de las cuales solo 1,3 millones cuentan con riego, mientras aproximadamente tres millones dependen exclusivamente de la lluvia.

La declaración de la ONU incluye algunas recomendaciones sobre la ruta para afrontar la crisis híridca. El primer paso es gestionar la problemática observando el panorama amplio e integrando: la  prevención de afectaciones irreversibles, la protección de los ciclos naturales del agua y sus fuentes. Para ello los sectores y modelos que usan intensivamente el agua deben transformarse (como la agricultura), a partir de conversaciones honestas sobre el uso del recurso especialmente en la zonas mayormente afectadas, hablar de finanzas y tranferencia de tecnología.

Desde el sector agrícola, la escasez de agua en ciertos sectores empieza a preocupar. Por eso una de las principales propuestas apunta a fortalecer la infraestructura de almacenamiento. Marcos Silva, director de la Alianza Agropecuaria Ecuatoriana, sostiene que los embalses, incluso pequeños, permitirían redistribuir mejor el recurso.

Según explica, un mismo reservorio puede multiplicar su utilidad si se emplean sistemas tecnificados: podría durar seis meses con goteo y por gravedad se acabaría en un mes.

Entre las prácticas de conservación que ya se aplican en el campo, Silva menciona la protección de franjas ecológicas en torno a fuentes de agua.

No obstante, el ingeniero César Benavidez, experto en cambio climático de la Universidad Nacional de Loja, señala que esas prácticas de conservación son las que se han venido aplicando durante décadas y no han logrado revertir la presión sobre las fuentes.

Desde la hidrología, el ingeniero Luis Balcázar advierte que la planificación territorial es una condición básica para proteger el recurso. A su criterio, los planes de ordenamiento deben identificar las zonas de recarga hídrica y establecer mecanismos de conservación como los incentivos que eviten la expansión agrícola.

Algunas iniciativas han buscado anticiparse a estos problemas mediante mecanismos de conservación a largo plazo. El Fondo para la Protección del Agua (FONAG), creado hace 26 años, trabaja en la protección de fuentes hídricas para la ciudad de Quito a través de acuerdos voluntarios con comunidades rurales mediante prácticas agroecológicas en cultivos, ganadería regenerativa o ecoturismo.

El presupuesto aprobado para 2024 fue de $ 4 millones y sus programas han permitido recuperar y restaurar 17.855 hectáreas.

Bert De Bièvre, secretario técnico del FONAG de Quito explica que el apoyo no se entrega en efectivo, sino mediante capacitación, asistencia técnica e infraestructura productiva. El fondo a llegado a 120.765 personas en procesos de educación y sensibilización. Según De Biévre, estos acuerdos permiten generar beneficios tanto para las comunidades rurales como para las ciudades que dependen de esas fuentes de agua.

Experiencias como esta han servido de referencia para la creación de otros fondos de agua en América Latina y Ecuador como el Fondo del Agua para la Conservación del Río Paute (FONAPA), el Fondo Regional del Agua (FORAGUA) o el Fondo de Agua de Guayaquil para la Conservación de la cuenca del río Daule (FONDAGUA) con menor trayectoria y escala.

Para De Bièvre, la principal lección económica es que la conservación hídrica requiere inversión sostenida y la participación de los usuarios. El fondo se financia en gran parte con un aporte cercano al 2% de la tarifa de agua potable en Quito, un porcentaje pequeño que ha permitido sostener los programas. Sin embargo, aún falta la contribución de sectores con alta demanda como la agricultura y la generación hidroeléctrica. Los estudios realizados muestran además que la inversión tiene retorno: al proteger las fuentes, la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito ha reducido costos de potabilización y ha evitado obras de infraestructura para traer agua de la Amazonía.

En el plano técnico, la experiencia demuestra que la prevención resulta más efectiva que la restauración tardía. De Bièvre menciona que lo claves es controlar los factores de presión, especialmente la expansión agropecuaria. Un ejemplo es el trabajo sostenido durante más de 15 años en el páramo del Antisana, donde la eliminación de la ganadería permitió una recuperación natural del ecosistema reconocida a nivel internacional. 

A este esfuerzo se suma el papel de la ciudadanía, puesto que es necesario controlar la demanda mediante un consumo responsable del agua.

Financiamiento y planificación

Sin embargo, hacen falta muchos más esfuerzos y ante ello los especialistas coinciden en que el principal desafío sigue siendo la planificación basada en información confiable. Luis Domínguez, director del Centro de Agua y Desarrollo Sustentable de ESPOL, sostiene que el país necesita un balance hídrico que permita conocer con precisión cuánta agua existe y cuánto se utiliza. Para este estudio se requiere inversión sostenida y que debe pensarse como un gasto estratégico.

Contar con esta información permitiría ajustar el crecimiento productivo a la disponibilidad real del recurso. Domínguez advierte que expandir la agricultura sin evidencia de sostenibilidad hídrica puede generar riesgos económicos y ambientales.

Cuando no se planifica hay obras que dejan de funcionar, infraestructura dañada o proyectos inviables representan pérdidas económicas que podrían evitarse. Según Domínguez “ese tipo de cosas nos terminan pasando factura como país, porque siempre es dinero público”.

Otro de los problemas más persistentes es la falta de claridad institucional sobre quién debe gestionar el recurso hídrico. “Todos queremos el río, pero ¿de quién es la competencia de mantenerlo en un buen estado?”, cuestiona Domínguez.

Esa falta de precisión en las responsabilidades institucionales también se siente en las provincias. El ingeniero Carlos Villacreses, director de Riego y Drenaje de la Prefectura de Manabí, sostiene que es necesario “romper los velos de las competencias” y coordinar mejor entre niveles de gobierno para evitar que la gestión del agua quede atrapada entre responsabilidades dispersas. Y en general el estudio de la ONU recomienda "fortalecer los marcos legales e institucionales".

Si quieres leer esta y más noticias, suscríbete a EXPRESO. SUSCRÍBETE AQUÍ