
Estado de excepción marzo 2026: Provincias con restricción y qué está permitido
Presidente Daniel Noboa renueva estado de excepción en nueve provincias y tres cantones por 30 días
El presidente Daniel Noboa renovó este 1 de marzo el estado de excepción por 30 días adicionales en nueve provincias y tres cantones del país, ante la persistente violencia que, según el Gobierno, constituye una “grave conmoción interna”. La medida tiene como objetivo reforzar la seguridad y combatir el crimen organizado en las zonas más afectadas.
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Provincias y cantones afectados
La renovación del estado de excepción se aplicará en las siguientes provincias:
- Guayas
- Manabí
- Santa Elena
- Los Ríos
- El Oro
- Pichincha
- Esmeraldas
- Santo Domingo de los Tsáchilas
- Sucumbíos
Asimismo, se extiende a los cantones de:
- La Maná (Cotopaxi)
- Las Naves (Bolívar)
- Echeandía (Bolívar)
Alcance de la medida
El decreto presidencial mantiene restricciones temporales sobre derechos fundamentales, incluyendo:
La inviolabilidad del domicilio.
Estas disposiciones permiten a las fuerzas de seguridad realizar allanamientos y controles sin autorización judicial durante operativos de prevención y combate del crimen.
La aplicación del estado de excepción estará a cargo del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, quienes deberán actuar de manera coordinada bajo un esquema interinstitucional.
Objetivos de la renovación
Según el Gobierno, la medida es “estrictamente necesaria e idónea” para enfrentar la dinámica delictiva en los territorios afectados. Los principales objetivos son:
- Ejecutar operativos inmediatos contra el crimen organizado.
- Identificar y recopilar información para prevenir amenazas.
- Mantener el control territorial y frenar la expansión de las organizaciones delictivas.
La renovación del estado de excepción respeta los plazos y parámetros establecidos por la Constitución, asegurando que la medida se mantenga dentro del marco legal vigente.
El Gobierno ecuatoriano ha señalado que la situación de seguridad en estas regiones sigue siendo crítica, justificando la extensión del estado de excepción como herramienta para garantizar la protección de la ciudadanía y el orden público.