Pugna entre la Policía y el Municipio por el uso de camionetas de Segura EP

La empresa pública municipal Segura EP, responsable de la gestión de riesgos y la seguridad en Guayaquil, está en medio de un debate político tras la intervención del Gobierno central el pasado 15 de febrero. Durante un operativo policial en este contexto, se observó a agentes usando camionetas de la empresa, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad y la coordinación de estas acciones.

Los vehículos se emplearon el pasado 16 de febrero en la “Estrategia 3D”, un plan que, según informó la Policía, busca reforzar la presencia de agentes en zonas comerciales y de alta concurrencia. “Consolidamos nuestra logística para actuar con mayor precisión, rapidez y presencia efectiva donde más se necesita (...) Aquí, la presencia policial es permanente, visible y articulada. La seguridad no es un discurso. Es acción en territorio”, señaló la institución.

Sin embargo, videos difundidos por la propia Policía muestran a los uniformados movilizándose en camionetas que pertenecen a Segura EP. Esto abrió el debate sobre el uso de recursos municipales por parte de una entidad nacional y generó críticas de la ciudadanía en redes sociales.

“Tenían que cogerse los vehículos de Segura EP para poder aparentar que hacen algo; ya mismo se empiezan a tomar las obras”, publicó José Javier Cabrera en X, donde los cuestionamientos se multiplicaron.

En la misma red social, Alejandro Carranza también criticó la medida. “El gobierno de Daniel Noboa nos aumentó al 15% el IVA para supuestamente financiar la lucha contra el crimen organizado, pero dejó a la Policía en abandono. Ahora el gobierno usa los recursos de Guayaquil para dárselos a la Policía. No tiene sentido”, escribió.

Críticas de concejales y políticos

Las críticas también llegaron desde el Concejo Municipal. La concejala Emily Vera cuestionó el uso de los vehículos y advirtió que podría tratarse de un uso indebido de recursos municipales. Además, señaló que no existe un marco formal de coordinación entre Segura EP y la Policía, y que estas acciones afectan la autonomía del Municipio y generan dudas sobre la administración de los bienes públicos.

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En paralelo, simpatizantes del alcalde Aquiles Álvarez, actualmente en prisión preventiva, también criticaron que la Policía empleara vehículos municipales sin autorización. Por su parte, legisladores de la Revolución Ciudadana coincidieron en que la flota propia de la Policía es insuficiente, pero que eso no justifica usar recursos del Municipio.

Intervención del Gobierno central

El pasado 15 de febrero, el ministro del Interior, John Reimberg, encabezó la intervención en Segura EP, acompañado de agentes de la Policía y de la Fiscalía. Según la Fiscalía, la diligencia se realizó como un “acto urgente solicitado por la Policía” tras recibir información de que la empresa municipal habría enviado imágenes de las cámaras de videovigilancia a un servidor externo aún por confirmar.

La intervención se produjo luego de que Guayaquil enfrentara tres graves incendios en una semana, que afectaron a decenas de personas con pérdidas materiales, aunque sin víctimas mortales. Reimberg explicó que los recursos logísticos y tecnológicos de Segura EP se integrarían al “sistema nacional de seguridad”, para coordinar acciones contra estructuras criminales que operan en la ciudad.

Tras la intervención, doce de los quince concejales emitieron un comunicado defendiendo la autonomía municipal y rechazando la irrupción del Gobierno central en Segura EP. Señalaron que la acción fue desproporcionada y no tuvo justificación administrativa.

• El comunicado indica que la intervención vulnera principios constitucionales sobre la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Los concejales aseguraron que se mantienen firmes en la defensa de ese mandato legal y en la supervisión de Segura EP. 

Algunos concejales expresaron preocupación de que la intervención afecte la estrategia de seguridad local. La concejala Blanca López advirtió que la falta de coordinación con el Municipio podría poner en riesgo las acciones de prevención y control de la ciudad.

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Asimismo, solicitaron revisar el manejo de la información de las cámaras de videovigilancia para garantizar que los datos no se utilicen de manera indebida y se respete la privacidad y seguridad de la ciudad.

Hasta la publicación de esta nota, ni la Policía Nacional ni Segura EP han aclarado la situación sobre el uso de los vehículos municipales durante el operativo.

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