Aguiñaga: “Los recursos de Guayas deben ir a la gente, no solo a cemento y obras”

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, rechazó la noche de este 17 de febrero la aprobación del informe de reformas al COOTAD en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, advirtiendo que la normativa avanza sin escuchar a quienes administran el territorio.

La tarde de este martes (17 de febrero), la comisión aprobó con seis votos el informe para pasar el proyecto al Segundo Debate en el Pleno, luego de un proceso en el que las autoridades locales, según Aguiñaga, no tuvieron participación real.

Para la prefecta, la decisión ignora las propuestas de los gobiernos locales y prioriza criterios fiscales estrictos que, dijo, “castigan la inversión social”.

“No pretendíamos asistir a la Asamblea para defender privilegios burocráticos, sino para proponer un modelo que funcione para la gente, no solo para el contador del Ministerio de Finanzas”, señaló Aguiñaga a través de un comunicado colgado en su cuenta oficial de X.

“Se impone una lógica equivocada”

Aguiñaga afirmó que la reforma penaliza a los GAD que invierten en servicios sociales como salud, protección, programas de apoyo a grupos vulnerables y desarrollo comunitario.

Según su análisis, la reforma establece criterios únicamente vinculados a inversión física —“hierro y cemento”— dejando de lado otras obligaciones que establece el COOTAD, como el gasto en protección social.

“Un GAD que invierte en proteger y cuidar a su gente termina sancionado por hacerlo”, dijo.

Añadió que el enfoque del proyecto castiga justamente ese tipo de inversión, al medir el desempeño de los gobiernos locales por el monto destinado a infraestructura y no por el impacto social de sus acciones.

Propuestas que no fueron consideradas

Aguiñaga detalló varias propuestas que, dijo, fueron planteadas por autoridades territoriales, pero no fueron incorporadas en el informe final:

-Aumentar progresivamente las transferencias del Gobierno Central del 70% al 75% del presupuesto, asegurando que se usen en puentes, vías y riego.

-Incentivos reales al buen gestor, con garantías soberanas prioritarias y créditos preferenciales en banca pública para los GAD que gestionen de forma eficiente.

-Racionalizar el gasto, dando prioridad a seguridad, sector agro y vialidad, antes que actividades de menor impacto social.

-Medir calidad del gasto, evaluando resultados como empleos generados, hectáreas tecnificadas y vidas impactadas en lugar de solo grupos presupuestarios.

Aguiñaga insistió en que “el cuidado, la protección y los servicios sociales no son un lujo ni un exceso presupuestario: son obligaciones legales del propio COOTAD”.

Recursos que “pertenecen a los guayasenses”

La prefecta sostuvo que los recursos de la provincia deben responder a las necesidades de la gente y no a indicadores que, en su opinión, desincentivan el gasto social.

“Los recursos de Guayas le pertenecen a los guayasenses”, afirmó, haciendo énfasis en que la forma en que se propone medir y sancionar el gasto limitaría justamente la capacidad de los GAD para atender a la población.

La posición de Aguiñaga se suma a las de otras autoridades que han advertido que la reforma podría afectar servicios básicos y proyectos de atención ciudadana.

Como ha venido publicando EXPRESO, el informe aprobado en comisión irá al Pleno de la Asamblea Nacional para su discusión y votación en segundo debate. Para ser aprobado como ley se requieren al menos 77 votos.

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