Ramiro García y los otros casos sonados que ha liderado como abogado
La defensa del alcalde de Guayaquil volvió a colocar a Ramiro García en los litigios de alto perfil
El abogado Ramiro García Falconí está en el ojo público por su papel en la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en los casos Triple A y Goleada. Sin embargo, su presencia en litigios de alto perfil no es nueva. A lo largo de su carrera, García ha participado en procesos judiciales que lo han enfrentado con el poder político, especialmente durante el gobierno de Rafael Correa.
La defensa de Bonil
Su trayectoria está marcada por la defensa en causas que, según ha sostenido en distintos momentos, involucran abusos de poder o limitaciones a derechos. Uno de los episodios más recordados ocurrió en 2014, cuando representó al caricaturista Xavier Bonilla, conocido como “Bonil”, en el proceso impulsado por la entonces Superintendencia de Comunicación. El caso se convirtió en un símbolo del debate sobre la libertad de expresión en el país.
La caricatura se refería al allanamiento policial a la casa del periodista Fernando Villavicencio (+). En el dibujo, Bonil mostraba a policías y fiscales entrando al domicilio y llevándose documentos y computadoras, acompañado del texto que ironizaba sobre el operativo.
Los 10 de Luluncoto: años de lucha
Otro proceso relevante de García fue la defensa de los llamados 10 de Luluncoto, un grupo de jóvenes detenidos en 2012 y acusados de terrorismo. Tras varios años de litigio, el caso terminó con la extinción de la pena, en medio de cuestionamientos sobre la forma en que el Estado procesó a los activistas.
La Fiscalía, entonces presidida por el correísta Galo Chiriboga, sostuvo que en esos equipos había documentos que hablaban de “estrategias de lucha” y vínculos con grupos subversivos, pero la defensa argumentó que no existía evidencia técnica que demostrara planes reales de atentados o acciones violentas. Por este caso, el entonces Ministro del Interior, José Serrano, afirmó que los procesados se querían tomar el poder con armas, pero en los allanamientos no se encontraron armas.
Una acusación contra Fernando Villavicencio
Otro de los casos de alto perfil en los que participó Ramiro García Falconí fue la defensa del exasambleísta Cléver Jiménez y periodista Fernando Villavicencio, quienes fueron procesados durante el gobierno de Rafael Correa. La causa se originó tras la publicación de un reportaje que citaba correos electrónicos de funcionarios del Gobierno relacionados con la estrategia legal del Estado en el litigio internacional con la petrolera Chevron.
A partir de esa publicación, el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, presentó una denuncia ante la Fiscalía por un supuesto hackeo a cuentas oficiales. En diciembre de 2013 se ejecutaron allanamientos en las viviendas de Villavicencio y Jiménez y en el despacho legislativo del entonces asambleísta. Durante el operativo se incautaron computadoras, teléfonos y documentos, en una acción que generó críticas de organizaciones de derechos humanos y de libertad de expresión.
García Falconí sostuvo durante el proceso que la causa representaba una criminalización de la actividad periodística y de la denuncia política. Tras varios recursos judiciales y años de litigio, la justicia ecuatoriana terminó reconociendo el estado de inocencia de Jiménez y Villavicencio, lo que cerró uno de los procesos más controvertidos impulsados contra denunciantes del poder en esa época.
Otros casos menos conocidos
- La defensa a Alfonso Pérez Serrano, del portal Ecuador en Vivo, frente a sanciones.
- Federación Médica-Oposición a la criminalización de la práctica médica.
El caso de Aquiles Álvarez, otro caso de alto impacto
Ahora, García vuelve a un escenario judicial de alto impacto con la defensa de Aquiles Alvarez. En el caso Triple A, la Fiscalía investiga una supuesta comercialización irregular de combustibles, mientras que en el caso Goleada se indaga la posible existencia de una red de delincuencia organizada para la comercialización irregular de combustibles.
García sostiene que en ambos procesos las acusaciones carecen de sustento técnico y que existe una instrumentalización del sistema judicial con fines políticos. En cambio, la Fiscalía habla de que tiene pruebas de ese delito y ha procesado a 22 personas, que incluye a los dueños de gasolineras.
