El pasado 26 de julio, el corte y robo de cables dejó sin el servicio telefónico e internet a 445 clientes de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) en Los Ceibos. Una situación que, solo en ese sector, reportó un perjuicio para la entidad pública de 21.500 dólares, sin que se logre identificar y menos aún detener a los causantes del hecho.

Una realidad similar se sufre por el robo de medidores de agua, cometido por chamberos, supuestos recicladores o consumidores de drogas, que se sustraen esos objetos para obtener el cobre y venderlo, lo que EXPRESO ha venido contando en reiteradas ocasiones y exponiendo el hastío de moradores.

“La semana pasada se llevaron dos medidores de agua. Tuvimos que poner alambres de púas en las puertas. ¡Es terrible lo que pasa! Los hacheritos (consumidores de la droga H) se robaron 34 metros de cable y, desde hace un año, estamos además sin teléfonos (fijos) en toda Las Acacias”, denuncia el profesor Michael Vicuña, dirigente de ese sector.

Una situación que se ha vuelto como un círculo vicioso en todos lados, y por lo cual la comunidad es la que más pierde, sin que las autoridades logren hasta ahora poner un alto.

¿Qué hace el Municipio de Guayaquil para frenar de una vez por todas estos hurtos o robos que, en algunos casos, se los tilda de famélicos, que se producen en la ciudad, por parte de personas que ‘justifican’ en la falta de empleo o consumo de drogas esas sustracciones que perjudican a toda una comunidad? ¿Cuántas personas han sido detenidas en estos últimos tres años, por el robo de bienes públicos como tapas de alcantarillas, medidores de agua, entre otros? ¿Qué medidas punitivas o comunitarias se ejecutan cuando una persona es detenida en delito flagrante por ese tipo de robos?, fueron entre otras, las inquietudes que EXPRESO trasladó al Cabildo que, en parte de sus respuestas, deriva esa responsabilidad a la policía. “El Municipio de Guayaquil no realiza detención de personas. De esto se encarga la Policía Nacional... son ellos los que inician los trámites de rigor”.

El exintendente del Guayas, Pedro Cruz, recuerda que en materia penal el artículo 209 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece el hurto como una contravención cuando el valor de las cosas ajenas no supera el 50 % de un salario básico unificado (actualmente de 450 dólares) y lo sanciona con una pena de 15 a 30 días de cárcel.

“El valor se determina al momento en que se apodera del bien, es decir, se lo hace tasar. Si se está llevando una tapa de alcantarilla de hierro, se hace el pesaje y de acuerdo al pesaje es la infracción. A quien le corresponde sancionar es a los jueces penales, porque ya los intendentes y comisarios no tienen esa condición, salieron del COIP, son figuras nada más...”, explica el jurista al detallar que el magistrado puede actuar con un parte que lo hace la Policía Nacional o la Policía Municipal, para que se juzgue y sancione al responsable de ese hurto.

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Pero más allá de la sanción punitiva, ¿qué hace o debe hacer el Municipio para que ese contraventor no vuelva nuevamente a las calles a seguir robando y hacer más daño?

Cruz considera que el Municipio puede dictar una ordenanza, disponiendo que “las personas que cometen estos delitos y mientras estén cumpliendo esa pena privativa de libertad se lo reeduque, se lo reinserte con charlas y trabajo comunitario”.

La ordenanza apuntaría a la educación ciudadana para proteger y que no se roben esos bienes públicos municipales, porque atenta a la seguridad, a la vida y a la salud de los ciudadanos. “¿Qué pasa si se roban una tapa de alcantarilla y pasa un individuo y se lesiona, a quién le van a reclamar? El Municipio tiene responsabilidad civil, puede ser demandado por los daños morales que sufre un ciudadano, su vehículo, su bicicleta, su moto, su carro o su misma humanidad que puede quedar lesionado, un brazo, una vista... Aquí toca trabajar en conjunto”, puntualiza Cruz.

El Municipio reconoce que en los casos flagrantes, las autoridades correspondientes ordenan la devolución de los objetos materiales sustraídos que forman parte de las evidencias del proceso. Pero “en los casos que no se puede recuperar lo sustraído, no se ha podido, debido a que las sentencias emitidas por las jurisdicciones correspondientes deben incluir la reparación integral respecto a los bienes públicos, que en la mayoría de los casos son personas de escasos recursos que no tienen capacidad de pago”.

Para la abogada Zaida Rovira, exdefensora del Pueblo, más allá de que el Municipio emita una ordenanza para esos fines, lo que debería es tener mayor control, porque el COIP ya establece el robo que es sancionado con penas de 5 a 7 años de cárcel. “El artículo 189 es clarísimo: si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción aumentada en un tercio. Si ya tenemos una norma sobre el robo de bienes públicos y sobre todo que afecta a una comunidad, lo que se debe ejecutar es mayor control de estas personas”.

Pero reconoce que existe una situación muy compleja. “La mayoría de casos son cometidos por personas consumidoras de drogas, lo que se debe desarrollar es una ordenanza que contemple una atención integral en nuestro país, concretamente Guayaquil... debe haber una mayor articulación entre la Policía, Municipio, Ministerio de Salud, para construir una ruta de atención de estas personas, de tal forma que se los pueda sacar del medio donde están consumiendo y se los lleve a un centro legal, donde se les proporcione rehabilitación y sean reinsertados a la sociedad...”, considera.

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Algo que, en parte, dice el Municipio que hace en casos de personas consumidoras que se encuentren en estado de intoxicación y requieran asistencia médica, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes;y, en caso de estar inmersos en un delito flagrante, conforme lo señala el COIP, son puestos a disposición de las autoridades competentes, sin perjuicio de la presentación de la denuncia correspondiente.

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