Ley de los GAD: efectos en el presupuesto del Municipio de Guayaquil

La reciente aprobación de la reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), conocida como Ley de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), ha abierto un nuevo frente de debate sobre sus efectos en los presupuestos municipales a nivel nacional.

En el caso de Guayaquil, durante la sesión del Concejo Cantonal del viernes 20 de febrero, los ediles rechazaron la aprobación de la reforma por parte de la Asamblea Nacional, que obliga a destinar el 70 % de las asignaciones a inversión y limitar el gasto corriente al 30 %.

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Ese día, la edil Emily Vera, de la Revolución Ciudadana, advirtió que la reforma implicaría una reducción de hasta 80 millones de dólares en el presupuesto municipal, lo que —según indicó— impactaría áreas sensibles como salud, educación, inclusión social y bienestar animal.

Ana Chóez, concejal por el Partido Social Cristiano (PSC), planteó que el debate sobre esta reforma debe mirarse desde dos dimensiones. “Primero, el tema de la afectación a la autonomía, y segundo, la realidad de cómo se trató esta ley en cuanto a los tiempos que, evidentemente fue considerada económica urgente, no contó con todas las voces de quienes están en territorio”, señaló.

La edil explicó que el trámite acelerado limitó la participación de autoridades locales en una discusión que impacta directamente en los presupuestos municipales.

Guayaquil mantiene una distribución de presupuestos del 85 % para obras e inversión, y 15 % en gasto corriente

En el caso específico de Guayaquil, Chóez consideró que no debería existir una afectación directa si se mantiene la actual estructura de distribución del gasto, que es del 85 % en inversiones para obra pública y otros servicios, y el 15 % para el gasto corriente.

Sin embargo, recordó que la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, habló de una posible reducción cercana a los 80 millones de dólares, por lo que sugirió transparentar la información: “Yo sugerí que haga una presentación pública de cuál es la afectación, en qué rubros y en qué proyectos”.

Chóez rechazó el despilfarro de recursos públicos, pero advirtió que la fiscalización ya era una competencia de los concejos municipales. “Los concejos municipales se olvidaron que tenían que fiscalizar también la labor de los rubros presupuestarios asignados”, manifestó.

Cuestionamientos al Ministerio de Finanzas por el control del gasto municipal

La edil socialcristiana cuestionó que ahora sea el Ministerio de Finanzas el que asuma ese rol: “¿realmente el Ministerio de Finanzas se va a hacer cargo de poder hacer el control debido del gasto público de los municipios? Cuando no pueden controlar la ejecución presupuestaria a nivel estatal”, dijo.

Chóez también puso sobre la mesa la corresponsabilidad del Gobierno central en la entrega oportuna de recursos. “¿el Gobierno central es responsable por el traspaso de las rentas que le corresponden a los GAD? (…) ellos se demoran en entregar lo que le corresponde por rentas, que no son dádivas”, enfatizó.

Recordó que, en el caso de Guayaquil, cerca del 60 % del presupuesto proviene de ingresos propios y el 40 % de asignaciones estatales, una realidad distinta a la de otros cantones. “Es una situación de corresponsabilidad, los GAD no se pueden quedar solos, porque una cosa es tener autonomía y otra cosa aislamiento de coordinación con el Gobierno central, entonces ahí es donde, para mi, de cierta manera choca el espíritu de la ley”, reflexionó.

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Debate sobre la constitucionalidad de la Ley de los GAD

Para Pablo Játiva, catedrático de la UIDE, no existe inconstitucionalidad en la aprobación de la reforma al Cootad: “La Asamblea Nacional puede normar todos los asuntos referentes al gasto del Estado ecuatoriano y eso es lo que han hecho con esta reforma al Cootad”.

Según Játiva, el eje de la discusión no está en la legalidad de la norma, sino en el alcance de la autonomía municipal. “Lo que se está argumentando es que se está afectando a la autonomía, cuando en realidad lo que se está haciendo es poniendo nuevas metas para los distintos gobiernos autónomos descentralizados, metas que buscan que se priorice la ejecución de obras y no el gasto corriente”, explicó.

El académico explicó que la ley no prohíbe el gasto cultural o social, sino que apunta a una planificación más técnica y a una mejor priorización de los recursos. Recordó, además, que hay municipios que todavía no logran cubrir servicios básicos como agua potable y alcantarillado, mientras destinan fondos a rubros que no son esenciales para el desarrollo de la ciudad.

¿Qué reparos hay a la Ley de los GAD?

No obstante, Játiva también plantea reparos al proceso con el que se aprobó la reforma. “¿Cuál para mí es la principal crítica? Lo que estuvo mal es que se lo presente como un proyecto económico urgente”, señaló. Esa vía, dijo, impidió un debate integral del Cootad.

“Este era el momento para ver el Cootad de forma integrada artículo por artículo. Eso no permitió el hecho de que el debate sea de forma tan fugaz. No hubo debate, los alcaldes no fueron escuchados”.

Otro de los puntos sensibles es quién tendrá la última palabra sobre el cumplimiento de las nuevas metas de gasto. “Es difícil quien dirima si deben recibir o no los municipios sea el propio Ministerio de Finanzas, porque ese ministerio sí una directriz política que viene desde Carondelet y que lamentablemente puede tergiversarse para la manipulación política”, advirtió.

Aunque insiste en que los objetivos de la ley “son buenos”, reconoce que, ante la falta de institucionalidad, podría convertirse en “una herramienta política para controlar a los municipios”.

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