AME respalda la reforma al Cootad: ¿Cómo afectará al GAD de Pichincha?
Para la presidencia de la AME, es indispensable establecer controles al gasto de las administraciones locales
Desde que fue presentada la propuesta, la presidenta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, ha defendido la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) y subrayó la necesidad de mantener disciplina fiscal en los gobiernos seccionales.
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Según sostuvo, es indispensable establecer controles al gasto de las administraciones locales para garantizar sostenibilidad financiera.
Colorado explicó que, a través del Modelo de Equidad Territorial, los municipios y prefecturas reciben alrededor de $ 300 millones. De ese monto, precisó, $ 210 millones deben destinarse obligatoriamente a agua potable, saneamiento e infraestructura, mientras que el restante se asigna a gasto corriente.
No obstante, su postura no es compartida por varias autoridades locales, entre ellas los alcaldes de Quito, Guayaquil y Cuenca, así como los prefectos de Guayas, Manabí y Pichincha, quienes advierten que la reforma impacta directamente en la inversión social.
Pichincha cuestiona reclasificación de gastos
En el caso de Pichincha, la Prefectura sostiene que la principal afectación proviene de la reclasificación de los grupos 71 (personal de inversión) y 78 (transferencias) como gasto corriente. Esta modificación, según la administración provincial, altera la naturaleza de recursos que antes eran considerados inversión social.
La reforma al Cootad penaliza, por ejemplo, la existencia de empresas públicas cuya operación se financia mediante el grupo 78. En Pichincha, este rubro contempla transferencias para programas como Pichincha Humana y servicios de salud, que en 2025 sumaron $ 4,5 millones.
Asimismo, el grupo 71 financia al personal vinculado a proyectos de inversión social. En esta categoría se incluye al personal de Warmi Pichincha y del área de Género, que en 2025 representó $ 1,8 millones.
De acuerdo con la Prefectura, al pasar estos rubros a contabilizarse como gasto corriente, los gobiernos locales podrían incumplir la regla fiscal, ya que recursos destinados a desarrollo social dejarían de computarse como inversión.
El 25 de febrero, el Consejo Provincial de Pichincha aprobó una resolución en respaldo a la prefecta Paola Pabón para que presente una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional del Ecuador contra la Ley Reformatoria al Cootad.
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