Concesión Sacha: impacto del acuerdo con EE.UU. en la industria energética de Ecuador
Optar por licitaciones públicas permite contar con la participación de firmas privadas y estatales, en las mismas condiciones
El compromiso alcanzado entre Ecuador y Estados Unidos en el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART, por sus siglas en inglés), en contratación pública, representa un cambio en el manejo de los procesos de licitación de proyectos de los sectores estratégicos, incluido el campo petrolero Sacha, que es considerado la “Joya de la Corona”.
En el documento firmado el 13 de marzo de 2026 entre Ecuador y Estados Unidos, que fija entre otros la eliminación de sobretasas para el 53 % de la oferta no petrolera ecuatoriana que ingresa al mercado estadounidense, se plantea en el numeral 2 del Artículo 4.1 que “Ecuador se compromete a realizar licitaciones públicas abiertas para proyectos energéticos, incluida la concesión del campo petrolero Sacha, la futura generación eléctrica, y la extracción y procesamiento de minerales críticos”.
Para Fernando Santos, exministro de Energía y Minas, este compromiso implica que el presidente de la República, Daniel Noboa, que es el responsable del manejo de los sectores estratégicos de Ecuador -acorde con lo que establece la Constitución- disponga que en el caso de un proyecto eléctrico, minero y petrolero, incluida la delegación del campo Sacha, se opte por licitaciones abiertas y no delegaciones directas a empresas estatales extranjeras. “Él decide que un campo petrolero, por ejemplo, se abra a una licitación o vaya a estatales”.
La contratación con empresas estatales extranjeras es directa
En Ecuador, la contratación con empresas estatales está permitida en la Constitución, en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Estas normativas permiten firmar acuerdos directos con entidades estatales, incluso extranjeras, bajo esquemas distintos a los procesos de licitación tradicionales, que demandan de procedimientos ompetitivos, con convocatoria pública, presentación de ofertas y evaluación entre varios participantes.
Santos precisa que actualmente las empresas estatales son menos en relación a las privadas. “Solo en China, Corea del Norte y Rusia quedan empresas estatales”, enfatiza.
Por esta razón, acordar que las licitaciones sea hagan de manera abierta y pública amplia la participación de firmas privadas y de estatales bajo los mismas condiciones, según la norma de Contratación Pública. Es decir, todos los participantes deben cumplir con los requisitos técnicos, legales y financieros establecidos en los pliegos, así como las condiciones de registro y garantías exigidas por el Estado ecuatoriano.
Estos procesos de licitación, a diferencia de los que se hace con firmas estatales, son más largos. Toman entre uno o dos años, si es que “el proceso no se cae”, advierte Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal.
La licitación de Sacha no ha prosperado
Santos, en cambio, menciona que los tiempos son relativos. Recuerda que en el caso de la licitación de Sacha, pese a haber acordado hacerlo con firmas estatales desde la época del expresidente Rafael Correa, no ha progresado. Mientras tanto, la ronda petrolera Intracampos I y II, que invitó a firmas privadas, “tomo seis meses. El procedimiento a través de una licitación puede ser muy rápido, todo depende de cómo se maneje el proceso”.
Este ajuste para promover la participación de más firmas privadas, en criterio del exministro de Energía, permitirá transparentar los procesos de contratación o concesión de proyectos mineros, eléctricos y petroleros en Ecuador, que cuando se han “hecho a dedo a compañías estatales han generado sospechas”.
Ecuador, sin embargo, ha optado en varios casos por la delegación directa, argumentando la urgencia de concretar inversiones y asegurar recursos. Un ejemplo es el último intento de concesionar el campo petrolero Sacha, el 28 de febrero de 2025, cuando el gobierno del presidente Daniel Noboa adjudicó el proceso al consorcio chino-canadiense Sinopetrol.
En ese caso, se estableció inicialmente un plazo de 30 días para el pago de un anticipo de $1.500 millones. Pero después, el Ejecutivo redujo ese término a cinco días; sin embargo, el desembolso no se concretó.
En este escenario, si Ecuador decide retomar la concesión de Sacha, el compromiso asumido por el Gobierno de Noboa en el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART) con Estados Unidos apunta a que el proceso se realice mediante una licitación abierta. No obstante, el acuerdo aún no entra en vigor, ya que deben cumplirse los procedimientos legales internos de ambos países. En el caso ecuatoriano, el Ejecutivo debe remitir el instrumento a la Corte Constitucional, que deberá analizar si su contenido se ajusta a la Constitución.
