Reformas al COOTAD: ¿por qué podrían ser despedidos empleados municipales?
La normativa del Ejecutivo condiciona a los municipios a limitar el pago de salarios para cumplir con los controles
La reciente aprobación de la reforma al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) en la Asamblea Nacional obliga a los gobiernos seccionales a ejecutar recortes de personal para cumplir con los nuevos controles de disciplina fiscal impulsados por el Ejecutivo.
Norma aprobada bajo polémica
El cuerpo legal, tramitado con carácter económico urgente y avalado con 77 votos por el oficialismo el 20 de febrero de 2026 en Samborondón, establece mecanismos de intervención directa sobre los presupuestos locales. La normativa fuerza el cumplimiento del artículo 198, que exige destinar el 70 % de las asignaciones a inversión y limitar el gasto corriente al 30 %, una medida que impacta de inmediato en el volumen de las nóminas de alcaldías y prefecturas.
La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) confirmó que el acatamiento de esta regla presupuestaria derivará en desvinculaciones. Yuri Colorado, titular de la entidad, justificó la separación de funcionarios como un paso técnico necesario para sanear deudas y acceder a financiamiento estatal, exponiendo que en el cantón Muisne ya se ejecutó el despido de 50 servidores públicos para recuperar cupos crediticios en el Banco de Desarrollo.
La exigencia de reducción del tamaño administrativo local intensificó la confrontación con autoridades vinculadas a la Revolución Ciudadana. Dignidades como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, lideran el rechazo a la iniciativa gubernamental, alertando sobre una afectación directa a la operatividad de los cabildos.
El debate por el control de los fondos seccionales ocurre en un escenario de déficit fiscal sostenido. La imposición del nuevo marco regulatorio coincide con una deuda pendiente de aproximadamente 400 millones de dólares que el Gobierno Central mantiene con prefecturas, municipios y juntas parroquiales, un factor que, según los detractores de la ley, agrava la crisis de las administraciones locales frente a sus compromisos laborales y de obra pública.
