Guayas y sus necesidades: ¿Cómo priorizar el gasto social en tiempos de crisis?
La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate de la Ley de los GAD
La discusión sobre cómo priorizar el gasto social en tiempos de crisis vuelve a encenderse en Ecuador con el proyecto de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) que se debate en la Asamblea Nacional.
El proyecto plantea que los GAD deban destinar progresivamente hasta el 70 % de su presupuesto anual a obra pública y servicios esenciales, permitiendo un máximo del 30 % para gasto corriente como sueldos y administración.
Esta regla se aplicaría de manera gradual entre 2027 y 2029, con plazos diferenciados para juntas parroquiales rurales, y contempla sanciones presupuestarias para quienes no cumplan los porcentajes establecidos.
Los impulsores de la reforma argumentan que así se asegurará que los recursos públicos —incluidos los que recibe la provincia del Guayas— se traduzcan en infraestructura tangible y otros servicios.
No obstante, la medida ha generado críticas desde varios sectores del ámbito local y territorial que ven en ella una amenaza a la autonomía y la capacidad de respuesta social de los gobiernos seccionales.
¿Qué dicen alcaldes y prefectos sobre la Ley de los GAD?
Autoridades como Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, han advertido que imponer límites rígidos podría “castigar la inversión social” y dificultar la atención de necesidades fundamentales como salud, educación o protección social, especialmente en provincias con brechas sociales relevantes.
Según sus planteamientos, priorizar infraestructura visible no puede excluir el gasto en políticas sociales que no siempre se registran como inversión física pero que tienen impacto directo en calidad de vida.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, han manifestado su preocupación porque la Ley de los GAD podría incidir en la atención de programas sociales.
Ambas autoridades han señalado que la iniciativa dispone que el 70 % de los fondos que reciben los gobiernos autónomos descentralizados se oriente a inversión, es decir, a ejecución de obras, desarrollo de infraestructura y trabajos de mantenimiento. Pero que los recursos destinados a salud y educación pasarían a formar parte del gasto corriente, lo que mermaría rubros.
Valentina Centeno, coordinadora de la bancada legislativa de Acción Democrática Nacional (ADN), no comparte esa opinión. “Cualquier municipio que quiera desarrollar un proyecto de salud o educación, primero tiene que coordinar con los ministerios del ramo. Pueden invertir en esas áreas. Pueden construir la obra, la infraestructura y pueden hacer una competencia concurrente con el Gobierno central”, sostuvo.
Priorizar gastos a partir de necesidades concretas en Guayas
El analista económico Jorge Calderón sostiene que la priorización del gasto social en Guayas debe basarse en problemáticas reales y plenamente identificadas en el territorio.
“Los temas sociales están claramente definidos en cada provincia, y Guayas no es la excepción”, dice, al referirse a áreas como salud, educación y a las afectaciones, por ejemplo, que deja cada temporada invernal, especialmente en los sectores más vulnerables.
El especialista señaló que, aunque las inundaciones o los temporales tengan un componente de infraestructura, sus efectos son principalmente sociales: desplazamiento de familias, pérdidas de cultivos y reducción de ingresos.
(Lee también: La recompra de bonos en Ecuador alivia pagos hoy, pero encarece la deuda futura)
Calderón advierte que los gobiernos seccionales deben prever escenarios que superen lo planificado. Y añade que no basta con presupuestar un monto anual si no existe claridad sobre cómo reaccionar ante imprevistos: “Si las cosas superan a lo que uno planificó o proyectó, debe tener activado: ‘¿de dónde saco recursos de emergencia?, ¿de dónde muevo de mi presupuesto para poder cubrir?’”.
Respecto al parámetro del proyecto de ley que plantea destinar progresivamente hasta el 70 % del presupuesto a inversión, el analista recalca que la aplicación sería gradual. “El parámetro que se utiliza en el proyecto de ley es que deben llegar al 70 %, pero no es que es inmediato. Primero el 60, luego el 65 y llegar hasta el 70 %”, explica. Aquello, dice, permitiría ajustes sin abandonar lo social.
Para él, “lo social no tiene por qué dejarse de lado, tiene que seguir”, siempre que exista optimización del gasto y se sumen más actores en proyectos como brigadas médicas o atención educativa. “Lo uno no desplaza lo otro para el absoluto”, explica.
¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!
