Asamblea tiene fecha para tratar Ley de GAD: ADN es optimista sobre los votos
La normativa plantea que municipios y prefecturas destinen el 70% a inversión. Correísmo presentó informe de minoría
La Ley urgente para la Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, conocida como Ley de los GAD, enfrentará el segundo debate en el Pleno de la Asamblea el viernes 20 de febrero. El presidente del Parlamento, Niels Olsen, convocó a la sesión, que se realizará en la provincia del Guayas.
La jornada comenzará a las 11:00 en la sede de Samborondón de la Universidad Ecotec. Será el único punto del orden del día, después del Himno Nacional. La convocatoria se emitió luego de que, el 17 de febrero, la Comisión de Desarrollo Económico aprobara el informe para segundo debate.
La presidenta de esa mesa, Valentina Centeno, aseguró este miércoles que el oficialismo es optimista respecto a alcanzar los 77 votos necesarios para aprobar la normativa. “Vamos a defender esta ley el viernes en Guayaquil”.
La mención a los votos responde a la existencia de un informe de minoría presentado por los asambleístas correístas de la Comisión de Desarrollo Económico. La noche del 17 de febrero, el legislador Diego Salas cuestionó el contenido del proyecto y solicitó que Centeno remita ese documento a la Presidencia de la Asamblea.
Sobre los cuestionamientos a la normativa
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, han advertido que la Ley de los GAD afectaría la prestación de servicios sociales. Según han señalado, la propuesta establece que el 70% de los recursos asignados a los GAD se destine a inversión, es decir, a obras, infraestructura y mantenimiento.
De acuerdo con su postura, los recursos destinados a servicios como salud y educación pasarían a considerarse gasto corriente. Para ese rubro, la normativa fija un límite del 30% de los recursos asignados.
Centeno cuestionó esa interpretación. “Cualquier municipio que quiera desarrollar un proyecto de salud o educación, primero tiene que coordinar con los ministerios del ramo. Pueden invertir en esas áreas. Pueden construir la obra, la infraestructura y pueden hacer una competencia concurrente con el Gobierno central”, dijo la coordinadora de la bancada oficialista.
¿Qué implica la ley?
Si entra en vigor, la ley obligará a destinar el 70% de los recursos asignados a los GAD al gasto de inversión. El 30% restante podrá utilizarse para gasto corriente, principalmente para el pago de sueldos.
Esa regla fiscal será controlada por el Ministerio de Finanzas. Desde ADN se ha asegurado que no se reducirán los recursos a municipios y prefecturas. Sin embargo, el asambleísta Diego Salas advirtió en la Comisión de Desarrollo Económico que, para los gobiernos locales que no cumplan con lo dispuesto, se activaría una “peligrosa sanción”.
“Si un GAD no llega a ese porcentaje, el propio articulado activa la sanción más peligrosa. La transferencia no excederá los límites del artículo 271 de la Constitución”. Ese artículo establece que los GAD participarán de al menos el 15% de los ingresos permanentes y de un monto no inferior al 5% de los ingresos no permanentes del Estado central. En la práctica, la aplicación de esa sanción implicaría que las transferencias se reduzcan al mínimo constitucional.
Para la aprobación de la ley económica urgente enviada por el Ejecutivo se requiere el voto de la mayoría absoluta del Pleno, es decir, 77 votos.
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