Custodiado por un contingente policial fuertemente armado, provisto de    casco y chaleco antibalas; y, en ocasiones con declaraciones en escenarios oscuros a través de videos, es como se ha visto al alcalde Luis Chonillo en los últimos meses, como consecuencia de la inseguridad que se vive en el cantón Durán y de la que fue víctima desde inicios de su administración.

Una situación que ha impedido que ejerza plenamente el    cargo y a la vista de los habitantes, quienes apuntan a la violencia criminal y delictiva como la causa principal de la crisis que está viviendo no solo el cantón ferroviario, sino gran parte del país, por lo que exhortan al nuevo Gobierno para que los atienda con urgencia.

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La Cámara de Industrias de Durán (CID) señala que, indudablemente, la inseguridad es lo que más afecta al comercio y producción local, pero sin olvidar los otros problemas que arrastra el cantón desde hace muchos años, como: falta de agua, vías en pésimo estado y  -hasta el pasado viernes 24- la recolección de basura, un servicio que lo consideran a medias y que se suspendió el 21 de noviembre por parte del Consorcio Durán Limpio, por deudas impagas del Municipio. Este último    anunció que llegaron a un acuerdo para restablecer el servicio.

El gremio apunta también al Gobierno Central, ahora en manos de Daniel Noboa. “Debe prestar mucha atención al cantón, pero para tomar medidas urgentes y poder bajar los índices de violencia criminal debería existir un plan de seguridad integral con la participación del GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) Municipal y eso no existe, el sector industrial y la población en general viene pagando hace algunos años una tasa anual de seguridad al Municipio”, dice la CID.

Como gremio, añade, se han organizado y, en coordinación con la Policía Nacional, han creado un chat de seguridad en “donde se reportan los incidentes, las alertas de vehículos sospechosos y todo lo que tenga que ver con seguridad, se ha instalado botones de pánico, adicional las empresas han incrementado su seguridad privada para brindar protección a su personal”.

Pamela Mendieta, del colectivo social Tren del Norte, también considera que no solo es la inseguridad la que está afectando al cantón, sino la falta de atención por parte del Gobierno Central en la administración que recién pasó y las anteriores.    Eso, sumado a la poca experiencia en política administrativa    por parte del actual alcalde. “A estos puntos súmele la pésima decisión de poner directores que no cumplen con la profesión que requiere ese departamento; por ejemplo, en obras públicas tiene a una directora que es licenciada en Turismo, cuando en ese departamento debe estar un arquitecto”, considera Mendieta.

La líder barrial se lamenta que existan muchos negocios cerrados como consecuencia de la inseguridad y la criminalidad que cada día cobra la vida de alguna persona. En lo que va del año (hasta el pasado 19 de noviembre) se contabilizaban 353 muertes violentas en el cantón.

“Desayuno, almuerzo, merienda, cena y entre cena es sangre”, resume Mendieta lo que significa vivir a diario con esa violencia. De ahí que también hace un pedido al nuevo Gobierno para que atienda la deuda a los GAD y “que nuestro cantón tenga por lo pronto prioridad en los tres temas principales:seguridad, salud y economía, para que todo fluya, pero reincido    mucho    en    control absoluto de la seguridad, ya que sin seguridad    no habrá economía”.

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Con ella concuerda Alfredo Carrasco, del Comité de Usuarios de Durán, al resaltar que la inseguridad es el principal motivo que lleva al Ecuador a una de sus peores crisis, porque no hay inversión. “En Guayaquil, Durán y la Costa, principalmente, la gente está cerrando sus negocios porque es imposible trabajar con estos extorsionadores. El Gobierno que ha entrado ahora tiene que actuar de manera inmediata, haciendo una reforma para evitar que el comercio se siga paralizando”, señala Carrasco.

Apunta, principalmente, a reformas legales que supriman    medidas sustitutivas que han puesto nuevamente en las calles a integrantes de organizaciones criminales; además de brindar una mayor atención y protección a jueces y fiscales para que cumplan a cabalidad con sus funciones.

Josué Espinoza, habitante de Durán, pide también al Gobierno atención, pero igual apunta a la Alcaldía. “Nos sentimos abandonados, no es posible que el alcalde ande bien resguardado, mientras a nosotros nos vacunan todos los días. No podemos trabajar, en locales los vacunadores piden $3.000 por mes. ¿Qué negocio puede sobrevivir?”, se pregunta Espinoza, quien también hace referencia a viejos problemas que enfrenta el cantón, como la distribución de agua potable, lo que está generando hasta temor en los tanqueros que entregan el líquido vital en sectores donde no cuentan con redes.

Esa inseguridad ha incidido además en la educación. “Está peor que antes. En las famosas clases virtuales que se dan no aprenden nada y las veces que acuden a las clases tienen que salir temprano por miedo a las balaceras que se forman en los alrededores. No hay resguardo policial en las escuelas y colegios. Le pedimos al nuevo Gobierno nos ayude con presencia militar y policial”.

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