Abuso clerical en Ecuador: Fiscalía revela al menos 11 casos en investigación
La Fiscalía confirma otras investigaciones por presunto abuso clerical y mantiene abiertas diligencias del caso de Olón
La magnitud del abuso sexual clerical en Ecuador empieza a visibilizarse, pero aún está lejos de conocerse por completo. La Fiscalía General del Estado confirmó ante la Asamblea Nacional que mantiene al menos once investigaciones abiertas por presuntos delitos cometidos por miembros del clero. Sin embargo, la institución reconoce que la cifra real podría ser mayor, ya que no existe un sistema estadístico que permita clasificar las denuncias según la ocupación del presunto agresor.
La revelación se produjo durante la sesión de la Comisión de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes, donde también se abordó el caso que encendió las alarmas: la investigación contra un sacerdote en Olón, Santa Elena, separado de sus funciones mientras avanzan las diligencias.
El dato lo expuso Jorge Baño, representante del Ministerio Público, quien aclaró que la cifra podría ser mayor, aunque hoy no existe una herramienta estadística que permita discriminar con precisión cuántas denuncias involucran a miembros del clero.
Respecto del sacerdote cuya situación motivó el debate en el Parlamento, Baño explicó que se activaron medidas de protección para garantizar la seguridad de los adolescentes involucrados, se ordenaron valoraciones psicológicas y se solicitó su ingreso al sistema de protección especializado. El religioso, aseguró, consta en el proceso como “sospechoso”, en tanto avanzan las diligencias.
¿Por qué no hay una cifra total y verificable?
De acuerdo con Baño, el problema se origina en la arquitectura de los sistemas judiciales y fiscales, que no contemplan un campo para clasificar denuncias por la ocupación del presunto victimario. En sus palabras, “no existe una variable que permita desagregar la ocupación o profesión del presunto victimario”, lo que complica la construcción de estadísticas por sectores —como el clerical— y, a su vez, limita el seguimiento público y parlamentario de estas causas. Esta carencia técnica no impide investigar ni sancionar, pero sí reduce la visibilidad del fenómeno en los reportes institucionales y en el diseño de políticas de prevención.
¿Qué se sabe del caso de Olón y qué medidas se tomaron?
El caso que catalizó la discusión se hizo público el domingo, cuando la Fiscalía informó que había iniciado una investigación contra un sacerdote hallado con varios adolescentes en su vivienda en Olón, cantón de la provincia costera de Santa Elena. Un día después, la Diócesis de Santa Elena comunicó la separación del sacerdote de sus cargos mientras duren las pesquisas. El episodio cobró notoriedad por un video difundido en redes sociales en el que varios vecinos interpelan al religioso y lo señalan por supuestas conductas inapropiadas dentro del domicilio.
En esa grabación, el sacerdote negó haber cometido delitos y afirmó que los jóvenes acudían por voluntad propia: “Quieren seguir lanzando la piedra, lancen la piedra, yo no tengo ningún problema y en mi conciencia yo no he hecho nada. Ellos vienen, yo no voy a negar, son amigos, son acólitos, vienen, aquí todos son libres, yo no les tengo aquí retenidos a nadie, si quieren pregúnteles a cada uno”. Mientras tanto, la Fiscalía mantiene abiertas las diligencias y ha dispuesto actuaciones orientadas a la protección y contención de los presuntos afectados.
En este expediente, la institución confirmó la aplicación de las siguientes acciones inmediatas:
- Medidas de protección para los adolescentes
- Valoración psicológica dispuesta por la autoridad
- Solicitud de ingreso de los menores al sistema de protección
La combinación de estas medidas, junto con la separación provisional del sacerdote por parte de la autoridad eclesiástica, configura un escenario de investigación en curso en el que se prioriza la seguridad de los posibles afectados y la recolección de elementos de convicción. La Fiscalía insiste en que se trata de indagaciones por presuntos delitos, sujetas al principio de presunción de inocencia, y que cualquier avance será comunicado en función del sigilo legal y la protección de las víctimas.
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