
Caso Olón: Asamblea exige a Fiscalía indagar denuncias contra sacerdote
Un video acusa al párroco de Santa Elena de conductas indebidas con dos adolescentes
La Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional ha manifestado su “profunda preocupación” y exigido a la Fiscalía una investigación inmediata sobre los hechos que involucran al sacerdote Diego Sosa en Olón, provincia de Santa Elena, por presuntas “conductas indebidas con menores de edad”.
Asamblea exige accionar fiscal
El caso, que ha generado una profunda división en la comunidad, se desató tras la difusión de un video por parte de activistas, en su mayoría extranjeros residentes en la comuna. En la grabación, se acusa al párroco de tener a dos monaguillos adolescentes en su residencia, supuestamente en ropa interior. La tensión escaló rápidamente la noche del viernes 15 de agosto, derivando en enfrentamientos verbales y actos de violencia, como el de una mujer que estrelló su vehículo contra la puerta de la iglesia en un intento por forzar la entrada.
El sacerdote Diego Sosa ha negado rotundamente las acusaciones, calificándolas de “calumnias” y de un “ataque planificado y estratégico contra la Iglesia”. Según su versión, abrió la puerta de su residencia pensando que se trataba de una urgencia pastoral, momento en que una mujer “entró desaforadamente”, lo empujó y agredió verbalmente a los jóvenes.
Sosa sostuvo que la denunciante encontró a uno de los menores en ropa interior porque irrumpió hasta el baño donde este se encontraba. Afirmó que una llamada al 911 alertó a la Policía, que acudió al sitio, inspeccionó la vivienda e interrogó tanto a los menores —en presencia de sus padres— como a él.
“La policía levantó un parte, pero no hay ninguna acusación seria para la fiscalía. No encontraron nada”, aseguró el religioso, mostrándose abierto a cualquier investigación.
Comunidad dividida y acciones legales
La versión del sacerdote es respaldada por una parte de los feligreses, quienes lo describen como una persona "bondadosa" que trabaja para alejar a los niños de los vicios y acusan un intento de "hacerle daño con falsas acusaciones". De hecho, representantes de la comunidad anunciaron que denunciarán a los acusadores por presunto delito sexual, sacrilegio y daño a la propiedad privada.
Mientras tanto, la Diócesis de Santa Elena ha guardado silencio y las misas en la iglesia de Olón fueron suspendidas. Por su parte, la Comisión de la Asamblea Nacional advirtió que “ninguna investidura religiosa, política o social otorga impunidad frente a delitos contra la niñez”. El organismo legislativo informó que este caso será incluido dentro de un proceso de fiscalización por violencia sexual y clerical que se inició el pasado 14 de julio.