Shuber Urgilés asumió el cargo el pasado 16 de agosto, luego de que Mario Tamayo dejara el puesto de director de Justicia y Vigilancia. Urgilés se refiere a lo que encontró al llegar a su nuevo cargo en el Municipio y explica qué acciones está tomando para poder cumplir con lo que la ciudadanía pide a gritos: una ciudad ordenada y segura. En su afán por tener un Guayaquil habitable, le ha tocado enfrentar algunos problemas comunitarios.

La seguridad es la queja común de los barrios y la razón por la que levantan rejas en todo su entorno. Urdenor 2 se enfrentó al Cabildo hace apenas unos días porque intentaron que las retiraran ¿Por qué no permitirles que se autoprotejan cuando no hallan respuestas para sentirse protegidos por parte de las autoridades?

No es que no permitimos que se protejan, pero no es legal impedir el derecho al acceso de la vía pública, no se pueden cerrar las calles. Eso es ilegal. Entendemos la situación, por eso como Municipio estamos trabajando para buscar soluciones que permitan a las personas sentirse más protegidas sin quitarle la libertad de circulación a las personas.

¿Y cómo se puede regular esta situación? Ellos ven al Municipio como enemigo por querer quitarles las rejas.

Hay que aclarar que no queremos quitarlas, lo que se pide es que esas puertas se mantengan abiertas en horarios fijos. Para solucionar esto ya hemos tenido tres reuniones de mesas técnicas para crear una ordenanza que regule la utilización y colocación de las rejas en las vías públicas. Buscamos que se regulen los horarios y se establezcan responsables. Esperamos para antes de finalizar el año podamos promulgar la ordenanza. Este problema no es nuevo en Guayaquil.

Y si no es algo nuevo, ¿por qué recién ahora hay tantos problemas y quejas?

Estas denuncias han existido desde 2019, pero nunca nadie ha hecho nada. Lo que pasa es que debido a la inseguridad en este año se han multiplicado las denuncias por colocación de rejas y puertas. Estamos tratando de poner orden con la ordenanza.

Usted lleva apenas dos meses en el cargo, ¿qué anomalías halló cuando llegó a este? ¿Similares a las que se denunció en otras direcciones?

Nos hemos encontrado con muchas denuncias de corrupción. Ha habido comerciantes que lamentablemente nos dicen que han pagado dinero en efectivo a funcionarios para no cerrar establecimientos. Esto era un pan de cada día. Ya hemos puesto esa denuncia a la Fiscalía para que quede evidencia. Nosotros no debemos coger ni un centavo, eso ocurría bastante en anteriores administraciones y no lo podemos permitir. Incluso habían denuncias de extorsiones de supuestos funcionarios que pedían dinero para no clausurar los locales. Tenemos que denunciar sobre eso.

¿Y cómo se está trabajando para que eso no se repita?

Cada funcionario tiene un chaleco con código municipal identificativo. No pueden seguir cayendo y pagando dinero a quien no se debe. La ciudadanía debe de saber que los funcionarios no cobramos dinero. En mi administración no ocurrirán esas cosas.

Algunos comerciantes formales de la Bahía han denunciado cobro de vacunas de bandas delincuenciales e incluso se ha decomisado fentanilo en el lugar ¿Qué están haciendo para controlar esta situación?

Sí hemos recibido alertas de negocios que están siendo extorsionados. Ante esto, estamos coordinando las acciones con Segura EP. Nos hemos enfocado en incrementar la seguridad y las cámaras de vigilancia, estamos trabajando de manera articulada con la Policía. De manera particular como dirección de Justicia y Vigilancia lo que hacemos es censar a estos locales y tratar de regularizarlos y otorgarles tranquilidad en cuanto a su comercio. Lo de las vacunas lamentablemente ocurre en todo Guayaquil. Con respecto al fentanilo también se ha decomisado y se trabaja con operativos para mantener el control. Esto se lo hace de forma permanente.

En sus dos primeros meses se ha visto clausurar decenas de comercios formales, pero se ve que los informales se mantienen y que siguen, como lo hemos registrado en este Diario, generando basura y desorden en algunos casos...

Hicimos un censo y en este período tenemos cerca de 15.000 locales comerciales en Guayaquil. El problema es que ni el 20% está regularizado; sin embargo, lo que se ha dado son clausuras puntuales por mal uso de la vía pública. Nosotros previamente notificamos y les damos 30 días para que se regularicen y si no lo hacen son clausurados.

¿Pero qué pasa con la informalidad? El desorden en este grupo, según denuncias del ciudadano, continúa.

Esa es una lucha diaria. Hay que buscar un plan de contingencia con ellos porque sino, no es fructífero solo reubicarlos en otra esquina y no hacer nada por ellos. Ahora estamos haciendo ferias ciudadanas donde censamos al comerciante informal y le damos un espacio para que pueda vender sus productos en orden. Ahora que tenemos la administración del parque Samanes esperamos poder hacer más para ir organizándolos a todos.

Los ciudadanos quieren un Guayaquil ordenado, ¿con qué es lo que más se lucha?

Aparte de los comerciantes, hemos detectado que hay locales cerca de las unidades educativas que se dedican a vender bebidas alcohólicas de manera clandestina a menores de edad. Ante esto, lo que se ha hecho es clausurar de inmediato. Otro problema son las personas que están en situación de calle. Estamos tratando de reubicarlos en albergues para darles acogida. Hemos limpiado la zona que estaba al frente de la terminal terrestre que estaba repleto de carpas. Este es un problema que lo sufre el mundo entero, pero sí hay muchas cosas en las que trabajar. Estamos trabajando por restablecer el orden.

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