Visten chalecos de varios colores y llevan franelas rojas. Se sitúan en los alrededores de las distribuidoras de medicamentos, ubicadas en las calles Ximena, Alejo Lascano, Baquerizo Moreno, entre otras, y cobran el parqueo de los vehículos que paran en las aceras, originando malestar a quienes no encuentran estacionamientos disponibles al momento de hacer las compras de esos productos.

Algunos utilizan conos, tachos de basura y bancas de madera para separar los espacios que, según dicen, están reservados para sus ‘clientes’.

La ciudadanía pide la intervención de las autoridades de Tránsito y del propio Municipio para terminar con esta situación que, a todas horas, provoca congestionamiento vehicular en esta zona céntrica de la ciudad. Las autoridades de estas instituciones aseguran que realizan operativos para controlar el problema.

El sitio más conflictivo es la calle Alejo Lascano, desde Boyacá hasta Ximena, donde hay una veintena de farmacias, cuyas aceras se han convertido en los puestos fijos de estos anónimos vigilantes que restringen el estacionamiento, especialmente, a los taxistas y carros particulares que deben formar una doble columna para dejar pasajeros en esa arteria que se vuelve muy transitada.

Los ‘cuidacarros’ manejan sus propias tarifas y reglas para permitir el estacionamiento de vehículos en sitios públicos. Unos cobran 0,80 centavos por cada hora y otros piden hasta $ 2, dependiendo el tiempo en el que cada vehículo permanezca parqueado. Sin embargo, hay pocos que reciben lo que el cliente les quiera dar.

En el sitio, los ‘franeleros’, como también se los ha bautizado por la forma de utilizar esta tela para llamar la atención de los conductores, dicen que ofrecen un servicio, al estar pendientes de que al vehículo no le pase nada, no lo roben o lo dañen.

Así comenta Carlos Mendoza, de 57 años, quien se ha dedicado por más de una década a esta tarea. Asegura que tiene el aval de la Policía, por lo que usa un chaleco naranja con una credencial. “Esta es una forma de ganarme la vida honradamente”, comenta, mientras le da paso a un conductor para que estacione su carro en un lugar donde una señal de tránsito lo impide.

Lo paradójico de este servicio es que muchos conductores se oponen a él, pero han contribuido con su expansión al aceptar el pago.

Varios de los usuarios alegan que han tenido que dejar su vehículo al cuido de estas personas porque en el centro de la ciudad hay pocos parqueaderos, porque es barato o por temor a las consecuencias de decirles “no”.

José Martínez, un ciudadano que acude con frecuencia a comprar medicinas a las distribuidoras, expresa su molestia por la proliferación de los vigilantes callejeros. “Ellos se adueñan de las vías que son públicas y cobran un servicio que es obligado y si uno no les paga se producen enfrentamientos y agresiones”, señala.

En cambio, esa oferta es vista por otros usuarios como una garantía, pues resulta barato si se compara con algún parqueadero privado, de los pocos que hay en el centro de la ciudad, resalta Julio Carranza.

La situación es parecida en varios puntos de la ciudad, como 10 de Agosto, Pichincha, Sucre, Escobedo y en ciudadelas Alborada, Kennedy, Urdesa, por nombrar las que tienen mayor conflicto vial.

Xavier Narváez, director municipal de Justicia y Vigilancia, sostiene que junto con agentes de la Policía Metropolitana se efectúan controles diarios para retirar los obstáculos que ponen los cuidadores de carros y para evitar que los vendedores informales invadan las aceras e impidan el libre tránsito de las personas.

“Esas acciones no surten efecto porque a las pocas horas los vendedores regresan y los cuidacarros siguen adueñándose de las aceras”, dice Marlene Morán, empleada de una farmacia, quien debe sortear la presencia de los informales que han hecho un comercio paralelo a las distribuidoras.

Narváez reconoce el problema. “Ante eso, lo que queda es regresar nuevamente al sitio para retirarlos y sancionarlos según lo contemplado en la Ordenanza del Uso de Espacio y Vía Pública”, anota.

Mientras, la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) establece sanciones para quienes estacionen sus vehículos en sitios prohibidos por la institución o en doble columna impidiendo así el buen uso del espacio público.

Esta sanción equivale a una multa equivalente al 30 % de un Salario Básico Unificado y será puesta a conocimiento del conductor y propietario del automotor al momento de cometer la falta o será notificada a través de los medios electrónicos, o al realizar el proceso de matriculación y revisión técnica vehicular.