Cinco años de vigilancia y patrullaje en Guayaquil: ¿en qué consiste el convenio?

Guayaquil puso en marcha un convenio de seguridad con el Ministerio del Interior con vigencia de cinco años, que reconfigura el monitoreo urbano, la videovigilancia y el patrullaje en la ciudad. El acuerdo, según han informado las autoridades, se presenta como una coordinación operativa para articular recursos tecnológicos y logísticos con acciones de respuesta ante delitos y emergencias, y se implementa en medio de cuestionamientos y tensión por Segura EP, intervenida por el Gobierno central. 

El esquema contempla que sistemas de cámaras, estaciones de control y unidades de respuesta se integren bajo una coordinación con fuerzas de seguridad en puntos críticos de la ciudad. En la práctica, esto significa que personal de vigilancia urbana y uniformados estarán juntos en estaciones estratégicas para reaccionar ante hechos delictivos, con patrullajes y presencia constante en sectores con alta incidencia de delitos.

Gran parte de la infraestructura sobre la que se basará el convenio, según detalla el Municipio, fue reforzada en los últimos años: el sistema de videovigilancia de la ciudad fue modernizado con cámaras inteligentes y un centro de control con tecnología de análisis avanzado, "diseñado para agilizar la atención de alertas y registrar evidencia visual en tiempo real".  

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“Por eso hoy, los objetivos y las obligaciones a las que se compromete Segura EP son coordinar y facilitar al Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, la gestión operativa del sistema de videovigilancia, las plataformas tecnológicas y demás recursos, para que puedan realizar sus labores de manera más eficiente. El sistema municipal de seguridad sobre el cual se desarrollará esta coordinación fue fortalecido en la actual administración.”, aseguró Álex Anchundia, gerente general de Segura EP.

• Segura EP, según dijo Anchundia, fue creada para recuperar el espacio público mediante presencia territorial y el uso intensivo de tecnología. Para su funcionamiento cuenta con un presupuesto asignado de $ 87’327.098,23.

Polémica por autonomía y cuestionamientos en el Concejo

La decisión de implementar este convenio por cinco años ocurre, como ha venido publicando EXPRESO, en medio de una fuerte polémica. El allanamiento a las instalaciones de la empresa encargada de la seguridad urbana, Segura EP, un procedimiento que varios sectores han catalogado como intervención, desató críticas de concejales y actores locales. En sesiones del Concejo Cantonal, ediles expresaron preocupación por el control sobre los recursos y sistemas cuya gestión había sido impulsada directamente desde espacios comunitarios y vecinales.

Parte del debate se centró en las Estaciones de Acción Segura (EAS), construidas con participación comunitaria para enfrentar la inseguridad en los barrios. Varios concejales, como Emily Vera, advirtieron que la forma en que se ejecutó la integración de recursos —incluidas unidades de patrullaje y centros de monitoreo— ocurrió sin el debido proceso administrativo, trayendo dudas sobre la transparencia y la autonomía local

Por otro lado, también se generó malestar porque vehículos asignados a la vigilancia urbana comenzaron a ser utilizados en operativos bajo el esquema de coordinación, algo que para críticos refleja una pérdida de control sobre recursos que históricamente habían sido gestionados por operadores locales.

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El pasado 20 de febrero, durante un recorrido en Guayaquil, el ministro del Interior, John Reimberg, negó que el allanamiento e intervención sea un “secuestro” y aseguró que busca optimizar recursos y reforzar la coordinación operativa. Aclaró que la medida no desplaza a Segura EP, sino que agentes municipales y policías trabajarán juntos en estaciones de control estratégicas.

• Reimberg agregó que dos policías acompañarán permanentemente a los agentes municipales, y que el uso de camionetas y equipos forma parte de la optimización de recursos. Su objetivo, dijo, es responder más rápido ante delitos y emergencias. Frente a ello la ciudadanía tiene desconfianza. 

Qué implica el convenio

El acuerdo de cinco años, más allá de la polémica, establece una reorganización operativa:

• Las cámaras inteligentes y estaciones de monitoreo actuarán integradas con la respuesta policial en tiempo real.

• Las camionetas, equipos y sistemas de Segura EP se integran a los operativos sin desplazar al personal municipal.

• Personal de vigilancia y uniformados compartirán trabajo en estaciones críticas para reacción inmediata.

• El objetivo explícito es reducir tiempos de atención ante delitos y emergencias, ampliando la cobertura de vigilancia en la ciudad.

Para residentes y líderes comunitarios, sin embargo, la medida genera dudas. "No se discute solo qué se coordina, sino quién controla los recursos, cómo se usan y qué resultados concretos traerá a los barrios con problemas persistentes de inseguridad. A la final no nos interesa cómo manejan el tema de la seguridad, lo único que queremos es que haya resultados: Guayaquil es un territorio crítico, repleto de delitos, extorsiones, secuestros. Lo que queremos es que le pongan fin al pleito político, a los egos, y las autoridades -todas- se preocupen de una vez por todas por la ciudad", señaló Jacky Cerna, residente de Urdesa. 

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