En 2012, el estero Salado, aún herido por la contaminación, alcanzó a registrar hasta 3,5 toneladas de desechos sólidos al día, especialmente en los tramos interiores del suburbio de Guayaquil, Puerto Lisa y esteros Mogollón y Palanqueado, donde se produjo un efecto negativo visual y en la calidad de agua del brazo de mar.

Esa realidad, según datos del Gobierno de esa época, respondía a cerca de tres millares de familias asentadas de forma ilegal y en condiciones precarias en las orillas del Salado.

De allí que fueran obligadas a desalojar cuando el Gobierno anterior impulsó el proyecto Guayaquil Ecológico, una ambiciosa agenda de recuperación del medioambiente que parió hijos deformes, como Socio Vivienda 2, adonde fueron a parar muchos de esos hogares y que hoy, a falta de un plan integral de desarrollo comunitario, está convertido en uno de los lugares más peligrosos de Guayaquil, por el choque de bandas y la pelea de territorios, además de los crímenes tipo sicariato y el constante consumo de drogas.

Hasta antes de la pandemia, las orillas de al menos cinco de los once tramos que comprenden el cronograma de reubicación trazado por la autoridad de aquel tiempo, estaban prácticamente limpias, aunque aquejadas por los problemas propios del sur de Guayaquil, como la inseguridad o la desigualdad; pero estos meses sirvieron para que parte del trabajo avanzado en la recuperación se vaya hacia el fondo del fango del mismo Salado, pues las familias desalojadas están, poco a poco, poblando nuevamente las orillas.

La advertencia la hizo a EXPRESO el ingeniero ambiental y activista Xavier Salgado, representante de la Organización Voluntaria Medio Ambiente Sustentable y quien acompañó a este Diario a un recorrido donde se pudo constatar la existencia de covachas, casas de caña e incluso construcciones de bloque, nuevas, que han sido levantadas a la altura de la 43 y la Q.

Salgado advierte. Si no se actúa, es probable que la zona deba enfrentar, otra vez, la contaminación de antes y que esto agrave la situación ambiental que atañe a la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado.

Hay también señales de relleno para urbanizar, montañas de tierra, material de construcción y otros elementos que ya llegaron como denuncia a la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, representada por la bióloga Evelyn Montalván, quien confirmó a EXPRESO que fue la Dirección de Ambiente del Municipio de Guayaquil la que notificó este hecho a la entidad que preside.

Hace unas semanas, dice, se instaló una mesa técnica interinstitucional para coordinar las acciones para ejecutar los desalojos. “Sabemos de quince construcciones a lo largo de cinco puntos en la zona. Serán retiradas. Habrá medida de protección por desalojo y denuncia por el delito de invasión en una zona protegida”, advierte la funcionaria, quien ya ha ejecutado operaciones de este tipo en sectores como Monte Sinaí.

En el sector crece el miedo a revivir lo que ocurrió hace seis años. Los desalojos fueron traumáticos para algunas familias como la de Luisa Rodríguez, que tiene una casa de tabla alzada junto a la que acaba de terminar su hermano.

Ella reconoce que su hermano es uno de los que tiene casa en Socio Vivienda 2, pero afirma que por la inseguridad, “allí no se puede vivir”, por eso pide a las autoridades que tengan en consideración este tema a la hora de pensar en moverlos otra vez.

Montalván no cede. “Deben salir”. La agenda a seguir es realizar un primer reconocimiento en la zona. “Está programado para la siguiente semana. Notificar a las familias que deben irse y, si hay flagrancia, habrá detención”.

Guayaquil Ecológico costó $ 120 millones. Muchos de sus ejes quedaron olvidados, como las camineras de las orillas del Salado, que hoy ni tienen mantenimiento ni son útiles a la comunidad. Es 2020 y el Salado, pese a todos los esfuerzos, sigue herido.

“Regresamos... en Socio Vivienda no se puede vivir”

Sabían que no podían llegar al Salado otra vez. Sabían que cuando los sacaron de allí y los ubicaron en Socio Vivienda 2, les advirtieron que lo hacían para cuidar el medioambiente y otorgarles un mejor estilo de vida; pero saben ahora que la mitad de esta última promesa fue mentira.

El que se convirtió en su hogar hoy es uno de los lugares más peligrosos de la ciudad, por los problemas de microtráfico de drogas, violencia, robos y pleitos por territorio.

“¿Cómo nos vamos a quedar allá? Regresamos... en Socio Vivienda 2 no se puede vivir”. Habla a este Diario, Carlos Eduardo Coronel Solís, uno de los vecinos que habita las orillas del estero otra vez, a la altura de la 44 y la P, en el suburbio.

María Cristina Sánchez también huyó de Socio Vivienda. Lo hizo porque le robaron, y ahora habita una covacha en el sector.

Luisa Rodríguez es otra moradora. Su hermano acaba de levantar una casa de caña. Él tenía una casa en Socio Vivienda, pero allá “hay balaceras siempre y los niños no pueden jugar. Entonces, ¿de qué sirve una casa de cemento si no se puede vivir?”, cuestiona esta moradora.