Setenta y cinco operativos de control de invasiones en Guayaquil han dejado a 20 personas detenidas y 15 sentenciadas en lo que va de 2020. Tras la polémica del mes pasado, la secretaria técnica de Asentamientos Irregulares, Evelyn Montalván, recibe a EXPRESO en su despacho para explicar más profundamente la situación de la ciudad en este tema.

¿Cómo está el escenario de las invasiones?

Durante la pandemia hubo un repunte de casos, porque estuvimos en cuarentena y no podíamos movilizarnos, aunque enviamos a agentes de la policía. Se han detectado invasiones hasta en reservas ecológicas, como el Bosque Protector Papagayo.

¿En qué sectores se registran estos casos?

Uno de estos es justo el caso ubicado frente al colegio réplica Simón Bolívar, en los sectores de las autodenominadas cooperativas Ciudad de Dios, Cañaveral y varias cooperativas que recién se están formando y que no tienen ninguna delimitación. Son predios privados que han sido invadidos y donde están identificados muchos delitos.

¿Qué tipo de delitos?

Tráfico de tierra, estafa, hurto de energía, hurto de agua potable. Incluso se han identificado casos de amedrentamiento y viviendas utilizadas para guardar cosas robadas. Es un problema social muy fuerte y hemos tomado acciones judiciales, dentro de nuestras competencias, incluso desde antes de la pandemia.

La entidad llegó con recorridos a barrios en el sector de Monte Sinaí durante los últimos días. ¿En qué consistió la visita?

El sector donde se intervino, y que fue publicado en la prensa, no es Monte Sinaí, sino el sector conocido como La Ladrillera. Es necesario aclarar esto. Monte Sinaí está plenamente identificado y delimitado dentro de la Ley 88. Estuvimos haciendo operativos de control, en conjunto con la policía, comisarías e intendencias. Trabajamos en flagrancia, derrumbando construcciones que se estaban edificando.

Los líderes del sector que denunciaron firmaron como moradores de Monte Sinaí.

Podemos mostrar los planos. No es verdad.

Pese a que ha sido enfática en que las construcciones que derrumbó no estaban habitadas, hay fotos y denuncias de los moradores que corroborarían lo contrario. ¿Qué piensa?

Es falso. Tengo un registro, casa por casa, tengo material audiovisual con el que se puede probar que algunas personas prestaban enseres para hacer simular que se vivía allí. Cuando llegó el operativo, los supuestos habitantes empezaron a llegar en carros. No existía nada adentro. Todo lo intervenido estaba en plena construcción, porque trabajamos en flagrancia. Invitamos a la ciudadanía a salir. No pueden construir en La Ladrillera.

El Comité Permanente por los Derechos Humanos registró en fotos y videos un desalojo, incluida una entrevista. Sobre eso, ¿qué dice?

Al joven que grabó le pedí que registre completa la realidad, no lo que le conviene. Estoy acostumbrada a sus shows. Están promoviendo el delito. No deberían incentivar que personas caigan en la compra de tierras invadidas. Están traficando tierra, están cobrando dinero. Hay familias sin agua, sin energía, que cancelan cuotas a traficantes de tierra. En lugar de promover eso, el Comité debería trabajar en la prevención también.

¿Cuál es el panorama hoy?

Hay invasiones nuevas. Personas que llegan a vivir y que compran el suelo de forma ilegal. La problemática es tan grande, que he ubicado una carpa permanente de vigilancia con Fuerzas Armadas, Policía y personal de la entidad. Han llegado muchas denuncias de los moradores.

Ha asegurado que se trata de terrenos privados. ¿A quién pertenecen los que fueron escenario de la polémica reciente?

Al señor Ricardo Antón, que ya ha hecho los trámites pertinentes para denunciar ante la vía judicial. Ellos tienen mucho tiempo allí. Son posesionarios antiguos. Es dueño de un macrolote. Hay otros dueños también, herederos de la famosa hacienda Olguita. Todos han denunciado.

¿Puede la Secretaría actuar en terrenos particulares?

Claro. Esa es la prevención de asentamientos. No podemos hacernos de la vista gorda. Está tipificado en el COIP. Parece que no se ha entendido: invadir un predio, estatal o privado, es un delito. Y todo delito debe ser denunciado.

Habla de tráfico de tierras. ¿Ya hay alguna investigación?

Están plenamente identificadas las personas que trafican tierras o promueven las invasiones. No puedo dar nombres. El caso está en indagación previa.

En el sector hay familias que afirman vivir allí muchos años.

Toda la zona está rodeada de construcciones ilegales. La última reubicación masiva se hizo en Ciudad Victoria. Hay gente que teniendo casa en ese lugar, insiste en tener su lote ilegal. En menos de un año han llegado al menos 8 denuncias contra 26 personas.

Además de controles in situ. ¿qué hace la Secretaría para evitar asentamientos en la zona?

Socializaciones mensuales, letreros, operativos de control, entre otras acciones. Hay una gran cantidad de detenidos por este tema en ese sector.