El proceso urbano de Guayaquil ha sido históricamente excluyente, su patrón de crecimiento es la informalidad y su principal política de regeneración, neoliberal. Además, tiene asentamientos que no dejan de crecer, por el aumento de la pobreza y la privatización de la vivienda social.

Esas son las principales conclusiones a las que llegó la investigación internacional ‘Contested Cities’, que analizó a Guayaquil y a otras siete ciudades del país (Lago Agrio, El Pangui, Santo Domingo, Puerto Ayora, Esmeraldas, Quito y Portoviejo) durante todo 2019.

Este análisis, que contó con la coordinación de la Flacso, a través del Departamento de Estudios Urbanos de Flacso Contested Cities Ecuador, fue presentado a mediados de diciembre pasado en el Colegio de Arquitectos del Guayas.

Contested Cities es una articulación entre universidades de Europa y América Latina, en la que se comparan los procesos de violencia y desplazamiento en el ámbito urbano. En el caso de Ecuador, la finalidad fue describir el proceso en la creación de nuevas periferias, centrándose en las violencias estructurales y específicas que viven sus habitantes, explica Manuel Bayón, coordinador del proyecto investigativo.

En el caso de Guayaquil, se eligió a la Fundación Vida Urbana y a la urbanista Patricia Sánchez para llevar a cabo el estudio, por tener una mayor experiencia y publicaciones en el análisis de las violencias del modelo de desalojos de la última década, que es en lo que se basó la investigación aquí.

Los puntos de referencia fueron Monte Sinaí y el proyecto ‘Guayaquil Ecológico’. Este último se propuso la liberación de las orillas del estero Salado y el traslado de las familias al proyecto habitacional Socio Vivienda, pero fracasó en aspectos de planificación que el estudio resume como “destrucción del tejido social”, a propósito de que desarraigó a las familias e impuso una nueva forma de vida, ajena a sus costumbres.

La investigación analiza la forma en que Guayaquil crece y concluye que es una ciudad neoliberal por su tipo de regeneración en favor del capital. “Para el financiamiento del desarrollo urbano, comercio, servicios, residencia, movilidad, siempre se piensa en alianzas público-privadas”, criticó la urbanista Patricia Sánchez durante la exposición.

Existe, además, un proceso acelerado de mercantilización de la vivienda social, con políticas públicas a favor del capital inmobiliario, pero desconociendo la lógica de los sectores populares en la producción social del hábitat. Es decir, hay una ciudad formal que crece junto a lo informal, por la estructura excluyente con la que se desarrolla, explicó Bayón.

El mercado de clases bajas no interesa a los sectores encargados del desarrollo de la ciudad, que ponen más atención a las clases media y alta. Por eso se tienen proyectos como Mi Lote, dotados de servicios básicos, cerca de territorios como Monte Sinaí, que carecen hasta de pavimentación, agua potable y alcantarillado. Y el Municipio se desentiende diciendo que en su planificación es un área rural, observa.

Para efectos de la investigación, se realizaron visitas a cada ciudad, a fin de identificar las principales problemáticas y profundizar en los casos más emblemáticos. “No acaba aquí la investigación, se trata de seguir analizando cómo avanza el proceso”, precisó el coordinador del estudio.

En cada ciudad, la propia selección de los casos a analizar ha sido fruto de alianzas previas interuniversitarias y de un diálogo para escoger las principales problemáticas urbanas que vive cada una de las ocho urbes escogidas. El objetivo ahora es generar una incidencia en las políticas públicas que promueven esas problemáticas, luego de la socialización de los datos hallados. La academia puede aportar con puntos de vista externos a la política diaria, que hagan reflexiones de largo alcance.

Entre otros datos, se develó que tanto en Guayaquil como en Portoviejo existe una nula participación de la ciudadanía en los proyectos urbanísticos planteados por los cabildos. Este punto ha sido informado en EXPRESO, en casos puntuales como Guayarte y el parque Jerusalén de Urdesa.

El estudio ahora está en fase de divulgación de los resultados con los agentes académicos, institucionales y sociales que han participado de la investigación. A lo largo de enero, serán publicados vía online los textos de la misma, y del 13 al 15 de febrero se realizará el ‘Foro Contested Cities: La producción de las periferias urbanas en Ecuador’, entre las instituciones involucradas, para elaborar conclusiones generales a nivel nacional.

Hasta ahora la investigación ha sido presentada en Esmeraldas, Portoviejo, Guayaquil y Santo Domingo. En enero, se mostrará en Quito, Lago Agrio, El Pangui y Galápagos. 

Un estudio internacional para mejorar las urbes

El Departamento de Estudios Urbanos de Flacso Contested Cities Ecuador (Quito) participó en este proyecto de investigación que analiza el proceso de urbanización reciente del Ecuador, desde una perspectiva de los derechos urbanos a la vivienda, el hábitat y el territorio.

Este trabajo está articulado a Contested Cities, una red de investigación científica presente en Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, México, España, Grecia y el Reino Unido. El estudio macro nace en 2012, y desde entonces ha basado su posicionamiento en ámbitos académicos y no académicos con datos sobre territorios en disputa.

La colaboración y el intercambio de conocimientos entre las diferentes partes de este proyecto culminarán con la producción de recomendaciones de políticas que se utilizarán para asesorar a las autoridades locales sobre cómo debatir y trabajar mejor con las comunidades, para mejorar sus condiciones de vida.

En el contexto ecuatoriano, este proyecto da cuenta de ese proceso de desarrollo urbano, para generar recomendaciones al Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano (Miduvi), así como a los distintos niveles de las prefecturas, municipios y gobiernos parroquiales, para la implementación de medidas que refuercen los derechos de las personas que habitan las ciudades.

La investigación Contested Cities Ecuador presenta sus resultados ante las instituciones y la sociedad civil. Allí recibe retroalimentación.

                                                                           Otros hallazgos

• Quito: La demora de más de una década en la entrega de las viviendas de Ciudad Bicentenario, el mayor programa de vivienda social de las últimas décadas en la ciudad, hizo que las familias encabezadas por las mujeres boicotearan eventos del Alcalde Mauricio Rodas hasta obtener sus viviendas. El tiempo como factor de violencia en la construcción de vivienda social es el principal hecho analizado.
• Portoviejo: El barrio construido para las familias damnificadas por el terremoto de 2016, El Guabito, presenta fuertes retos. La ausencia de reconstrucción del músculo económico comercial y administrativo del centro de la ciudad, de donde procedían las familias damnificadas, ha hecho que su empobrecimiento haya continuado durante estos años, llevando a una situación social en El Guabito cada vez más alarmante, sin asunción de responsabilidades por parte del Estado.
• Esmeraldas: El modelo turístico de desarrollo está en el horizonte de la ciudad, con importantes planes de renovación urbana a la vista en la playa y el río. La concreción de este paradigma en la playa de las Palmas ha desplazado a las familias de la ciudad que se dedicaban a la restauración y en la actualidad se enfrentan a nuevos desalojos. El Malecón del Río ha sido hasta ahora desactivado por la oposición de las familias de la Isla Piedad que el proyecto pretendía desplazar.