Los toros, de lejos. Aunque Víctor N. sabe que algunos vecinos del barrio donde vive, en el Guasmo, están metidos en drogas, él solamente saluda y sigue atendiendo su local sin preguntar por qué mataron al último. “Es mejor no meterse en eso”, recomienda con recelo.

El sector donde reside desde hace cuarenta años con su familia es considerado como el    más peligroso, no solo por el microtráfico o venta al menudeo de sustancias sujetas a fiscalización, sino por las muertes violentas que se registran casi a diario en el sur de Guayaquil, el más violento del país.

Según estadísticas de Indicadores de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno, de enero a julio del presente año se han registrado 358 homicidios intencionales en el Puerto Principal. Hasta la mañana de ayer, la Policía registraba 409 muertes violentas. Un incremento de 173 crímenes, en relación a 2020. No se indica cuántos con exactitud se han cometido en el sur.

Las autoridades policiales los atribuyen, en la mayoría de casos, a ajustes de cuentas entre organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas y microtráfico.

Julio Vacacela, quien se desempeñó como fiscal de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, observa con enorme preocupación el aumento de las muertes violentas, no solo en la ciudad sino en gran parte de Ecuador.

“Era algo que se veía venir desde el año 2010, cuando comenzó esta forma de eliminar enemigos y que en esa época la Policía atribuyó a ‘ajustes de cuentas’. Un relator de la ONU (Organización de Naciones Unidas) informó que estas muertes no se investigaban, ahora veo que ese término nuevamente se está utilizando (...) Esperemos que    no se quede en el levantamiento del cadáver”, manifiesta el exagente.

Por su experiencia, señala que la mayoría de las muertes pertenecen al microtráfico, en la lucha de organizaciones por apropiarse de la ciudad para su ilícito negocio. Recuerda que en los Guasmos, especialmente en el Guasmo Norte, nació el control del delito en Guayaquil liderado por el fallecido alias Cubano y su banda. Y luego por sus sucesores, alias Gorras y otros.

“La Policía ha tenido relativo éxito al detener ciertos casos en flagrancia, pero no se ve que prosperen las investigaciones en los numerosos casos que diariamente se reportan; investigaciones que deben dirigirse a los líderes de las bandas, que son los autores mediatos de estos hechos. Los sicarios en su mayoría son desechables y son los que aparecen muertos, tarea que le está resultando grande a nuestra Policía”, considera Vacacela, quien ahora disfruta de su jubilación fuera del país.

El coronel Abraham Correa, exjefe de la Policía Judicial del Guayas, lamenta que no se haya dado atención a hechos que comenzaron a ocurrir desde hace años, y que ahora tengamos que ver escenas como las que ocurrían en los años 80 y 90 en Medellín, Colombia, o en México.

EN CIFRAS

1.429 muertes violentas se han registrado de enero a agosto de 2021, a escala nacional.

Recuerda cuando se dejó en libertad a 2.500 personas que    estaban    ligadas al tráfico de drogas y que no se puso atención a la tipificación del sicariato desde antes de 2014, cuando se dieron las reformas al anterior Código Penal. Concuerda que se trata de una lucha de poder y de territorio entre organizaciones delictivas, que ponen a diario en zozobra a la ciudad y el país.

El docente e investigador Daniel Pontón Pontón cree que lo que hay es un “círculo vicioso” que está articulado en tres líneas. Primero, en una necesidad de bajar el tema de las muertes violentas. Segundo, en la creencia de que con el encarcelamiento se combate a la droga. “Eso no es así (...) no da mucho resultado”. Y tercero, una racionalidad criminal. “Lastimosamente, todo lo que es el endurecimiento de la política de drogas trae de por sí un incremento en el precio de los productos prohibidos; y esto tiene articulación con el control de la calle, un negocio manejado desde la cárcel”.

Pontón coincide con Vacacela en que las muertes violentas tienen que ver con impunidad.      “Se busca castigar, pero bien, no solo al que comete delitos como crímenes de esta naturaleza. El problema es que la Policía cree que es suficiente controlar el expendio de drogas, que en este caso sería un factor de riesgo que genera la violencia (...) pero lo que se hace es llenar las cárceles de vendedores de pequeña monta y elevar el número de la población penitenciaria, lo que agrava el problema”.

Recomienda focalizar las acciones más en las muertes que en las drogas y para ello se debe trabajar en impunidad y los factores de riesgo que están más directamente relacionados con esas muertes, como las armas de fuego.