Aquiles Álvarez: La defensa del alcalde de Guayaquil frente al caso de lavado
El funcionario guayaquileño acudió a rendir su testimonio en la Fiscalía en Quito sobre este caso
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, acudió este miércoles 14 de enero al edificio de la Fiscalía General del Estado, en Quito, para rendir su testimonio dentro de una investigación por presunto lavado de activos.
A la salida de la diligencia, Álvarez ironizó al señalar que “para la Fiscalía soy un gran lavador de activos” y rechazó el proceso en el que es investigado por el Ministerio Público.
Explicó que, a su criterio, la fiscal del caso “no sabe ni por qué se inicia el proceso por lavado de activos”. Álvarez relató que durante la diligencia solicitó a la funcionaria el Registro de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII), con el fin de conocer las supuestas irregularidades atribuidas a sus empresas, pero aseguró que le fue negado.
"Le exigí que me lo entregue para ampliar cualquier versión en lo posterior, porque es un tema técnico, así que insistiré a que me lo dé", manifestó el alcalde guayaquileño.
Y añadió: “Queremos ver por qué, supuestamente, hemos lavado activos, cuando todos nuestros negocios han facturado lícitamente y han comercializado con la debida autorización de la ARCH y de Petrocomercial; ni ellos lo tienen claro”.
Álvarez calificó a esta nueva investigación como una "persecución" y señaló: "ya le hemos cogido el gustito".
Aquiles Álvarez frente al caso de lavado de activos: ¿de qué se trata?
El 9 de octubre del 2025, la Fiscalía General del Estado ejecutó allanamientos en inmuebles ubicados en Guayaquil y Samborondón como parte de una investigación previa por un presunto caso de lavado de activos.
Uno de los inmuebles allanados correspondía a la vivienda de Aquiles Álvarez. Según la Fiscalía, "seis personas naturales, pertenecientes al mismo círculo familiar, figurarían como accionistas o representantes legales de cinco personas jurídicas también investigadas".
Ese día, el Ministerio Público también señaló: "Se presume que se habrían transferido entre sí acciones y bienes con el fin de ocultar la identidad de los accionistas de dichas empresas y un patrimonio de origen presuntamente ilícito".
La Fiscalía indicó que las transferencias entre las empresas investigadas "habrían superado los 3,5 millones de dólares. Además, otra de las compañías habría adquirido bienes por más de 4 millones de dólares".
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