Bombardeos y alianza con EE. UU.: el giro de Ecuador en la lucha contra el narcotráfico

Desde marzo de 2026, Ecuador puso en marcha una nueva fase de la lucha antidrogas con bombardeos aéreos y cooperación militar con Estados Unidos, una estrategia impulsada por el gobierno de Daniel Noboa para enfrentar al crimen organizado transnacional. La ofensiva busca debilitar redes de narcotráfico en zonas fronterizas, pero ha generado cuestionamientos por la opacidad de las operaciones, posibles fallas de inteligencia y el riesgo de repetir un modelo regional que, según analistas, no ha logrado reducir de forma sostenida la violencia ni el negocio de las drogas.

Por años, la política antidrogas en Ecuador se ha movido entre operativos policiales, estados de excepción y promesas de control territorial. Hoy, el país entra en una fase distinta: bombardeos aéreos, cooperación militar con Estados Unidos y una ofensiva simultánea contra redes transnacionales.

El giro, impulsado por el gobierno de Daniel Noboa, plantea una pregunta clave: ¿se trata de una estrategia eficaz o del inicio de un conflicto con más riesgos que resultados? 

El punto de quiebre llegó en marzo de 2026.

Ecuador, con apoyo estadounidense, ejecutó ataques aéreos contra lo que describió como campamentos de narcotráfico en la frontera con Colombia. La operación (parte de una escalada regional que redefine la lucha antidrogas)  fue presentada como un golpe directo a estructuras vinculadas a disidencias de las FARC. 

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Sin embargo, investigaciones periodísticas internacionales revelaron que uno de los objetivos bombardeados en Sucumbíos habría sido, en realidad, una finca ganadera y no un centro de entrenamiento criminal. 

La falta de información oficial detallada, sumada al carácter reservado de los operativos, ha alimentado dudas sobre la calidad de la inteligencia utilizada y los protocolos aplicados.

Para analistas en seguridad, este episodio expone el principal riesgo de la nueva estrategia: la opacidad. “Cuando las operaciones militares se sostienen en información clasificada, sin control civil efectivo, el margen de error aumenta y, con él, las consecuencias políticas y sociales”, advierte el politólogo Francisco Puerta. 

La participación de Estados Unidos no es menor.

Desde 2025, Washington ha intensificado su política de combate al narcotráfico en América Latina bajo una lógica que equipara a los carteles con organizaciones terroristas y habilita el uso de fuerza letal. 

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En Ecuador, esta cooperación incluye inteligencia, entrenamiento y respaldo logístico, e incluso ha derivado en operaciones conjuntas en territorio nacional. 

El analista en conflictos armados Néstor Rosanía advierte sobre los riesgos de una cooperación mal gestionada: “Cuando comenzó el Plan Colombia en 1998, había 170.000 hectáreas de hoja de coca. Hoy hay más de 230.000.

Eso demuestra que la cooperación en seguridad, por sí sola, no es la solución. Pueden llegar millones de dólares, equipos, armamento e inteligencia, pero si no se abordan los problemas estructurales, el conflicto persiste”. Y agrega, citando al expresidente Juan Manuel Santos: “Estamos en una bicicleta estática: pedaleamos y pedaleamos, pero no avanzamos”.

Rosanía también advierte que detrás de estas alianzas existe un mercado lucrativo: “La seguridad es uno de los negocios más rentables. Muchas empresas privadas no solo ofrecen cooperación, sino que también venden servicios y equipos. Son las más interesadas en mantener esta dinámica”.

Para el Gobierno ecuatoriano, la alianza responde a una realidad: el crimen organizado se ha vuelto transnacional y altamente sofisticado. En esa línea, la cooperación con Europa apunta a otro frente. 

En marzo, una operación conjunta permitió desarticular redes vinculadas al envío de al menos nueve toneladas de cocaína hacia ese continente, con la participación de mafias locales y extranjeras. 

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El consultor en seguridad mexicano David Saucedo plantea otra lectura: “Estados Unidos no apunta necesariamente a reducir homicidios, extorsiones o robos. Su objetivo es cortar los flujos de drogas ilícitas desde Ecuador hacia Centroamérica, México y su propio territorio”.

Según explica, se trata de una lógica que responde a intereses estratégicos de Washington. “Lo que tenemos es un esquema injerencista para que los países de América Latina secunden a Estados Unidos en este combate hemisférico contra las drogas”. En el fondo, el debate no es nuevo. 

La llamada “guerra contra las drogas” ha sido cuestionada durante décadas por su eficacia limitada. “Lo que tenemos es un esquema injerencista de Estados Unidos para que los demás países de América Latina secunden a los norteamericanos en este combate hemisférico contra las drogas, pero persiguiendo objetivos que responden a los intereses de Washington. 

No hay, como tal, una incorporación de los intereses de Argentina, Ecuador, México u otros países que firmaron esta iniciativa de las Américas”, asegura Saucedo.

Hoy, Ecuador ensaya una versión intensificada de ese modelo, con mayor participación extranjera y herramientas militares más agresivas. En ese contexto, el internacionalista y académico Esteban Santos plantea la necesidad de equilibrar la estrategia. 

“Esto también se enfrenta con cooperación, pero sobre todo con reducción de la pobreza, emprendimiento y políticas que atiendan la desigualdad social. El ascensor social está roto en muchas partes del país”.    

No obstante, matiza: “La mano dura también es necesaria; no hay espacio para negociar con el crimen organizado, que debe enfrentar todo el peso de la ley”. 

Su objetivo es cortar los flujos de drogas ilícitas desde Ecuador hacia Centroamérica, México y su propio territorio.David Saucedo, consultor en seguridad

La incógnita, entonces, no es solo si esta nueva fase funcionará, sino a qué costo. Sin transparencia, control institucional y una estrategia integral que combine seguridad, justicia y desarrollo, el riesgo es repetir un ciclo conocido: más violencia, mayor fragmentación criminal y resultados parciales.  

“Ecuador debe entender que la cooperación es válida y necesaria, pero dentro de un marco jurídico claro”, concluye Santos. “Al mismo tiempo, necesita implementar políticas sociales. Solo así se podrá enfrentar totalmente el problema”.