Activistas de Cuenca son judicializados e investigados

En el marco de la protesta en contra del proyecto minero Loma Larga y del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) al menos siete dirigentes y activistas enfrentan investigaciones penales en su contra.

Todas las acciones legales fueron emprendidas luego de que los investigados participaron de forma activa en diferentes actos de protesta: marcha por el agua de Cuenca, paro indefinido en contra del proyecto Loma Larga, paro nacional.

Las investigaciones en Cuenca se llevan adelante por dos tipos de presuntos delitos: enriquecimiento privado no justificado, asociación ilícita.

Los investigados son : David Fajardo, del Cabildo por el Agua de Cuenca; Lizardo Zhagui, presidente de la Junta de Agua de Tarqui y Victoria del Portete; Sebastián Cevallos, dirigente de Unidad Popular; Edison Deleg y Óscar Reyes, del Frente Unido de Trabajadores; Lauro Sigcha y Yaku Pérez, de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay (FOA); y Ángel Cartuche, dirigente de Pachakutik. 

Lizardo Zhagui, presidente de la Junta de Agua de Tarqui, explicó que sus dos cuentas bancarias (una comercial y otra personal) fueron bloqueadas hace más de una semana y que el pasado 25 de septiembre le llegó la notificación de la investigación penal que se ha iniciado en su contra por el presunto delito de enriquecimiento privado no justificado.

"Llevo más de 30 años en el activismo social y desde hace un año como dirigente y nunca me ha tocado enfrentarme a un caso de está naturaleza. Esta medida es una represalia del Gobierno. Nuestro único pecado fue luchar por el agua", comentó Zhagui. 

El dirigente detalló que primero le bloquearon la cuenta con la que trabaja atendiendo una agencia de "banco del barrio" de Banco Guayaquil y luego la de uso personal. 

Un caso similar ocurrió con David Fajardo del Cabildo por el Agua de Cuenca quien también fue notificado con la investigación por presunto enriquecimiento privado no justificado.

También mantiene la cuenta bancaria bloqueada Julian Sancho Zumba, secretario de la junta de riego Trancas- Corralpamba Victoria del Portete, aunque él no ha sido aún notificado con ningún tipo de investigación penal en su contra. 

Dirigentes investigados por presunta asociación ilícita 

Edison Deleg, dirigente del FUT en Azuay, también reseñó ser víctima de persecución por parte del Gobierno Nacional al ser enjuiciado por paralización de un servicio público y asociación ilícita. "Somos dos representantes de los trabajadores que estamos en esta situación. Es una clara persecución de parte del Gobierno Nacional, siempre hemos hecho marchas y nunca hemos tenido estás denuncias ", sostuvo. 

Para el representante de los trabajadores la lucha seguirá en las calles y “alzaremos más la voz para que el presidente Daniel Noboa escuche el descontento social ante la falta de medicinas en los hospitales, el desmantelamiento de la salud, los recortes en educación y ante las leyes que precarizan la vida de los ecuatorianos”.

Sebastian Cevallos, dirigente de Unidad Popular, también denunció el hecho a través de sus redes sociales con un vídeo en el que asegura que "la policía y el Gobierno quieren llevarnos a la cárcel por protestar".

Desde la FOA también se emitió un pronunciamiento por sus dirigentes judicializados y denunciaron “persecución del Estado". 

En un comunicado de la organización se explica que la investigación en contra de Sigcha y Pérez se trata de una "nueva escalada de persecución política y judicial contra sus dirigentes y defensores del agua, que vulnera el derecho a la protesta y a la resistencia de las comunidades".

Según consta en el documento de la investigación por presunta asociación ilícita en contra de los dirigentes deberán comparecer el próximo 10 de noviembre de 2025 ante la Fiscalía de Azuay. 

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