UEES declara el Día de la Cultura de la Legalidad en Ecuador: esto debes saber
Autoridades académicas destacaron que la ética debe practicarse a diario y convertirse en un hábito que trascienda las aulas
En un país donde la corrupción y el irrespeto a las normas forman parte de la discusión pública cotidiana, la Universidad Espíritu Santo (UEES) decidió institucionalizar una fecha que busca interpelar a estudiantes, docentes y a la sociedad en general. El 9 de diciembre fue proclamado como el Día de la Cultura de la Legalidad, una iniciativa que nace en el marco del Día Internacional Anticorrupción y que busca promover una conciencia ética, práctica y cotidiana dentro y fuera de las aulas. Durante el evento “El arte de ser correctos”, la institución reunió a autoridades, docentes y alumnos para reflexionar sobre la importancia de asumir la responsabilidad individual como base para transformar la sociedad ecuatoriana.
Una universidad que apuesta por la formación íntegra
La jornada abrió con la intervención del rector Isidro Fierro, quien invitó a repensar el sentido de “hacer lo correcto”, no como un ideal abstracto, sino como una práctica diaria vinculante. Para Fierro, la legalidad se resume en una acción profundamente ética: “cumplir voluntariamente las normas, ser coherentes entre lo que decimos y hacemos, y asumir responsabilidad por cada una de nuestras acciones”. Este enfoque constituye, según la autoridad universitaria, un pilar para construir ciudadanía y fortalecer la identidad institucional.
En su discurso, Fierro también recordó que la cultura de la legalidad no es solo un proyecto académico, sino un compromiso nacional. Desde la pandemia hasta los problemas de inseguridad y crisis económica, señaló, el país ha demostrado resiliencia, y precisamente por ello formar jóvenes que elijan la integridad aun sin supervisión es clave para el futuro del Ecuador.
La dimensión académica: una estructura institucional para el cambio
El enfoque de la UEES no se limita a un evento anual. Como lo señaló Pablo Alarcón, director de la Escuela de Posgrado en Derecho, la universidad lleva años construyendo una plataforma sólida para promover la honestidad y la transparencia: un comité de cultura de la legalidad, una cátedra especializada, un blog participativo, concursos, campañas sensoriales y ajustes curriculares que incorporan valores éticos en diferentes carreras. Estos esfuerzos buscan sustituir la dependencia de sistemas de vigilancia por una ética del cumplimiento voluntario.
Alarcón subrayó un punto clave para el análisis académico: el problema de la corrupción no se combate únicamente con normas, sino con la reconstrucción del contrato social, donde la ciudadanía asume que tiene obligaciones además de derechos. La educación superior, en este sentido, se convierte en un laboratorio donde se forman hábitos que luego se replican en la vida profesional.
Voces estudiantiles: la autocrítica como punto de partida
En un conversatorio que reunió a estudiantes y docentes, María Gracia Jaramillo, alumna de Derecho, ofreció una reflexión que resonó entre los asistentes: “Estamos normalizando la cultura del sabio y no la cultura de la legalidad”. Para la joven, es imposible exigir un cambio en el Estado si no existe primero una autocrítica ciudadana. Desde acciones aparentemente pequeñas —como no copiar en un examen o respetar los espacios públicos— se configura, según ella, la brújula moral con la que los futuros profesionales actuarán en la vida real.
Su postura coincide con teorías sociológicas sobre la construcción de capital social: los hábitos cotidianos, aunque mínimos, moldean sistemas de convivencia a largo plazo. En un país donde la corrupción suele percibirse como estructural, la intervención estudiantil propone un giro necesario: devolver agencia al individuo y recolocar la ética en la vida diaria.
Impacto social: más allá de las aulas
La cultura de la legalidad también implica salir del campus y conectar con la comunidad. Las panelistas destacaron el trabajo de vinculación que realiza la universidad con escuelas, colegios y sectores periféricos, iniciativas que buscan sembrar valores desde edades tempranas. Este enfoque responde a una premisa central de la educación contemporánea: no basta con formar profesionales competentes; es urgente formar ciudadanos responsables.
Además, se reconoció el papel de los medios, la familia y el sector público para replicar el mensaje. La construcción de una cultura ciudadana, coincidieron los ponentes, no es tarea de un solo actor: requiere una red colectiva que sostenga las prácticas éticas y las convierta en norma social.
