Integridad en crisis: la lección pendiente de la academia ecuatoriana
La integridad académica, sostienen los profesores de la PUCE, no es un requisito, sino el pilar de la formación
La integridad académica se ha convertido en uno de los mayores desafíos que enfrentan las universidades en todo el mundo. En Ecuador, el tema tomó fuerza tras el escándalo que involucró a cientos de estudiantes de medicina en Argentina, acusados de prácticas deshonestas en el examen de ingreso a especialidades médicas.
Ante este panorama, docentes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), como el doctor Felipe Moreno-Piedrahita Hernández y la doctora Ruth Jimbo Sotomayor, ofrecen un análisis profundo sobre las causas de este fenómeno, sus consecuencias y los caminos que deben seguir las instituciones de educación superior para fortalecer la formación ética y profesional.
La deshonestidad surge por varios factores
Uno de los primeros puntos que destacan ambos académicos es que la deshonestidad no surge de un único factor, sino de un conjunto de circunstancias. Moreno-Piedrahita explica que las raíces pueden ser personales, académicas y socioculturales: desde la baja ética individual, la escasa preparación y la poca confianza en las propias capacidades, hasta un sistema que presiona a los estudiantes más por obtener calificaciones que por alcanzar un aprendizaje significativo.
A ello se suma lo que denomina la “normalización cultural de la copia”, vinculada a la llamada viveza criolla y a una necesidad desmedida de reconocimiento social. Por su parte, Jimbo enfatiza que la falta de valores y la naturalización de estas prácticas en entornos universitarios han debilitado la confianza y el prestigio de quienes se forman en el país.
Las consecuencias para los estudiantes y profesionales
Las consecuencias de este fenómeno son graves y abarcan diferentes niveles. En lo personal, los profesionales que incurren en estas prácticas pierden credibilidad, arriesgan sanciones legales, pueden ver anulados sus títulos o artículos científicos, e incluso perder empleos.
En lo social, se generan dudas sobre la seriedad de las universidades ecuatorianas, sobre la preparación de sus egresados y, en el peor de los casos, se mina la confianza de países receptores de estudiantes. Jimbo recuerda que este tipo de casos afectan no solo a quienes cometen la falta, sino que pueden extender la sombra de la duda hacia toda una comunidad académica o nacionalidad.
Frente a ello, los especialistas coinciden en que la tecnología se convierte en un aliado imprescindible. El doctor Moreno-Piedrahita señala que ya existen softwares antiplagio, detectores de inteligencia artificial, navegadores seguros y sistemas de gestión documental que permiten monitorear los procesos de evaluación.
También recalca que los exámenes no deben centrarse únicamente en la memorización, sino en competencias y habilidades aplicadas. Jimbo complementa esta visión, destacando la importancia de herramientas que permitan un seguimiento auténtico del desempeño académico y que garanticen resultados más transparentes y confiables.
Promoción de una cultura de integridad académica
Sin embargo, la tecnología por sí sola no basta. El reto de fondo está en promover una cultura de integridad que atraviese toda la experiencia universitaria. Para el especialista, esto implica actuar desde el primer día de ingreso de los estudiantes, con políticas claras, talleres de formación, mentorías y una política de cero tolerancia frente a la deshonestidad.
A su criterio, no se trata únicamente de castigar, sino también de reconocer y premiar la honestidad. Jimbo coincide, y propone incorporar en los microcurrículos asignaturas específicas de ética académica, difundir de forma constante los códigos de conducta y garantizar una capacitación continua tanto para estudiantes como para docentes.
El caso de Argentina, además, ha puesto sobre la mesa un aspecto crucial: la reputación internacional de las universidades ecuatorianas. Según los académicos, se corre el riesgo de que se cierre el acceso a plazas de especialización en el extranjero, lo que obliga a las instituciones del país a redoblar sus esfuerzos por acreditar internacionalmente sus programas y ofrecer suficientes plazas de formación a nivel local.
Jimbo advierte que este tipo de incidentes generan cuestionamientos no solo en organismos evaluadores, sino también en empleadores y en la sociedad, lo que afecta directamente la credibilidad institucional y limita las oportunidades de movilidad académica de los estudiantes.
