Wilson Toainga prepara el camino para su salida de la Fiscalía
La Procuraduría emitió un criterio jurídico que permite a la Judicatura nombrar al reemplazo temporal
La Fiscalía General del Estado está próxima a experimentar un cambio de timón. El rumor sobre la próxima salida del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, circula desde hace cuatro meses en voz baja entre funcionarios y abogados.
Ayer, la incertidumbre sobre quién debe asumir la Fiscalía en caso de ausencia de Toainga fue despejada con un pronunciamiento oficial de la Procuraduría General del Estado (PGE), que también anticipa los preparativos para una transición.
La consulta fue presentada por la propia Fiscalía, que argumentó que Toainga ejerce funciones prorrogadas desde mayo, tras la renuncia de la fiscal general Diana Salazar, y que la normativa no establecía con claridad cómo actuar en caso de su ausencia.
Los caminos están marcados por la Procuraduría
El oficio de la PGE, suscrito por el procurador Juan Carlos Larrea, determinó que la figura aplicable depende del tipo de ausencia. Si Toainga se ausenta temporalmente, rige la subrogación general prevista en el artículo 94 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) y en el artículo 126 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP), que establece un plazo máximo de 90 días.
Si la ausencia fuera definitiva, corresponde aplicar la figura del encargo, contemplada en el artículo 127 de la LOSEP y su reglamento, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) concluya el concurso público para designar a la nueva autoridad titular.
El criterio de la Procuraduría no solo allana el camino para un cambio, sino que también define quién nombrará al reemplazo de Toainga: el Consejo de la Judicatura, con una mayoría afín al gobierno de Daniel Noboa.
El contexto
Desde mayo de 2025, Wilson Toainga asumió la dirección de la Fiscalía General del Estado tras la renuncia de Diana Salazar, mientras el CPCCS desarrolla el concurso para nombrar a su reemplazo definitivo. Ese proceso todavía está en curso y acumula críticas por la falta de transparencia e interéses políticos para hacerse de la Fiscalía.
La resolución de la Procuraduría es obligatoria para toda la administración pública y busca garantizar la continuidad institucional de la Fiscalía en el momento que el fiscal subrogante no pueda ejercer temporal o definitivamente sus funciones.
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