Roberto Aguilar | La nueva Constitución será peor

Si alguna capacidad hay que reconocerle a Daniel Noboa, si algún talento ha de atribuírsele, es su facilidad para producir, a ritmo de Vuelta a Francia, una cascada de hechos políticos en sucesión interminable, de modo que los últimos nos distraigan de las consecuencias de los anteriores y unos con otros nos hagan olvidar completamente de los que ocurrieron en esa época remota que constituye la semana pasada. Hoy, la reelección de un exabogado de narcos, el inoperante Mario Godoy, como presidente de la Judicatura, gracias a las maniobras ilegales del Gobierno en el CPCCS, su juguete de cuerda, es un acontecimiento que parece perderse en la noche de los tiempos. Y ocurrió no hace ocho días. ¿Quién se acuerda? Bueno, de eso se trata. No es que el presidente sea especialmente hábil, como se cree, menos aún genial, como celebran sus ‘cheerleaders’: nomás es rápido.

Hoy los ecuatorianos estamos embarcados en una aventura constituyente sin haber tenido tiempo de advertir siquiera, no digamos de analizar, las razones que nos trajeron hasta acá. A juzgar por la cronología, todo es producto de una rabieta. No pensaba dar ese paso el presidente: se había propuesto usar su mayoría parlamentaria para introducir las reformas parciales que necesitara en la Constitución y la consulta popular para las enmiendas. No contaba con la abrumadora torpeza de sus asambleístas y sus operadores jurídicos, incapaces de redactar correctamente una pregunta, no se diga de elaborar una ley medianamente decente: ni las leyes ni las preguntas pasaron el mínimo control constitucional. Enojado, el presidente decidió ir de manera directa a la Constituyente. ¿Para qué?

Para responder esta pregunta basta con revisar los considerandos originales del decreto presidencial respectivo, en los que se revelan las intenciones del Gobierno antes de que la Corte ordenara cambiarlos. La mitad de esos considerandos hablan sobre la crisis de la seguridad, sobre las actividades de las mafias, sobre el fracaso del sistema carcelario, sobre los “factores estructurales” que debilitan la acción de la fuerza pública, sobre la necesidad de contar con procesos penales expeditos y medidas cautelares proporcionales a la peligrosidad de los detenidos… En contraste con tan minuciosa lista de razones, el tema de la reforma política apenas se menciona en un considerando, y vagamente se alude al CPCCS como parte de un caduco diseño del Estado (¿caduco? ¿Alguna vez estuvo vigente?).

En resumen: lo que Noboa pretende es diseñar un marco constitucional en el que sus tres leyes represadas en la Corte Constitucional (en las que se crea un espacio de impunidad para la actuación de la fuerza pública y de los servicios de espionaje) entren en vigencia sin problema. Un solo objetivo busca el Gobierno: convertir al Ecuador en un Estado policial. En cuanto a la reforma política, tan largamente anhelada por los demócratas ecuatorianos, el nombramiento de Godoy en la Judicatura, la inminente emergencia judicial y el proyecto de eliminar el CPCCS pero dejar intacto el sistema de elección de autoridades de control, todo parece demostrar que Daniel Noboa se siente muy cómodo con la Constitución de Montecristi. Lo que se viene, entonces, si todo le sale bien, es una cosa igual, pero sin garantías. O sea: mucho peor.