Unidad Popular y Construye: las reacciones tras el inicio del proceso de cancelación

El inicio del proceso para cancelar la personería jurídica de Unidad Popular y Construye, impulsado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), desató una fuerte reacción de ambas organizaciones políticas, que acusan al Gobierno de intentar proscribirlas.

La decisión del organismo electoral se sustenta en informes técnico-jurídicos que señalan un supuesto incumplimiento del número mínimo de afiliados o adherentes permanentes exigidos por la ley. Según esos documentos, Unidad Popular habría reducido su base a poco más de 31.000 afiliados y Construye incluso no registraría adherentes suficientes, lo que activaría la causal de cancelación . 

Sin embargo, el proceso ha estado marcado por dificultades internas: durante varios intentos, el pleno del CNE no logró reunir los votos necesarios, en medio de abstenciones, ausencias y cuestionamientos a la forma en que se impulsa la medida. Hasta que por fin logró los votos con los alternos.

Atarihuanna habla de apagón a la democracia 

Frente a este escenario, las reacciones políticas han sido inmediatas. Geovanni Atarihuanna, director nacional de Unidad Popular, calificó el proceso como un ataque directo a la democracia. “El apagón a la democracia que está orquestando Daniel Noboa y su brazo ejecutor, Diana Atamaint, no va a pasar. Esto recién empieza”, afirmó. El dirigente cuestionó que, tras varias convocatorias, se haya aprobado “de forma bochornosa un informe fraudulento” y aseguró que no existe sustento técnico ni jurídico para una supuesta reducción masiva de afiliados. Además, sostuvo que se trata de “un plan para proscribir a los adversarios políticos” y anunció que defenderán la vigencia del movimiento en todas las instancias legales.

Desde Construye, su dirigente Jorge Peñafiel también rechazó la medida y la atribuyó a intereses del oficialismo. “Ahí está Diana Atamaint y sus intereses. Ella busca sacar a Construye de la lid por un interés del Gobierno nacional, y eso es lo que tenemos que combatir”, sostuvo. Peñafiel defendió el rol de su organización como un espacio que —según dijo— puede aglutinar a sectores democráticos y cuestionó la legitimidad del informe técnico, al señalar que habría sido elaborado por un funcionario sin el nivel requerido, con fines políticos.

Elena Náreja dice que la sesión es nula

Las críticas no se limitan a estas organizaciones. Sectores políticos, como la Revolución Ciudadana, también han expresado preocupación por el proceso y advierten sobre un posible escenario de “proscripción” de fuerzas opositoras, en un contexto preelectoral marcado por tensiones institucionales .

Mientras el proceso avanza en su fase administrativa, que incluye notificación, presentación de descargos y resolución final, la consejera Elena Nájera también cuestionó la sesión en la que se dio inicio al proceso para cancelar a Unidad Popular y Construye. Nájera señaló que Diana Atamaint convocó con un día de anticipación a un consejero suplente, cuando ella aún no había formalizado por escrito su excusa. “Por lo tanto, la sesión es nula”, afirmó. Además, indicó que cuenta con un documento mediante el cual notificó a Atamaint su situación apenas cinco minutos antes del inicio de la sesión.

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