Carlos Aguinaga: preocupa la inhabilitación de partidos "sin una razón legítima"

La democracia ecuatoriana enfrenta una de sus crisis más agudas ante los recientes intentos del CNE y el TCE por inhabilitar a las principales fuerzas de oposición. En una entrevista exclusiva con EXPRESO, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, analiza las sombras jurídicas que rodean la suspensión de la Revolución Ciudadana y el riesgo de cancelación de Unidad Popular y Construye. ¿Se está utilizando la justicia electoral para despejar el camino al oficialismo de cara a las próximas elecciones?

A la Revolución Ciudadana se la "está convirtiendo en víctima"

- El CNE y el TCE están en la mira por su intento de inhabilitar fuerzas opositoras al Gobierno. ¿Los órganos electorales dejaron de ser técnicos para ser una herramienta de presión política?

Si se afecta con cualquier resolución a una organización política, esta va a sacar un justificativo político, más que técnico-jurídico o constitucional.

- La Revolución Ciudadana fue suspendida por un caso de presunto lavado de activos. ¿Cómo evaluar la proscripción política de la principal fuerza opositora del presidente Daniel Noboa?

El artículo 374, referido por el pedido de Fiscalía, establece que el TCE podrá, luego del juzgamiento, es decir de un debido proceso, suspender a la organización política. No dice que sea en el auto de admisión. Es la primera vez que se hace algo así. Eso ya genera una alerta que puede ser de tinte político. Les están convirtiendo en víctimas.

Disminución de adherentes debe ser justificada con desafiliaciones

- Por otro lado, Unidad Popular y Construye están en riesgo de cancelación por una supuesta disminución de sus adherentes permanentes, pero sin un procedimiento claro...

El artículo 327 y las reformas, una más mala que otra, no permiten una claridad, ni hay un procedimiento ni causas específicas dependiendo de cada una de las causales. Además, otro problema es cómo determinar cuáles son los afiliados permanentes que ya no están. Tendría que determinarse con las desafiliaciones. Quiere decir que el CNE debería presentar que más de la mitad de afiliados están desafiliados, lo cual es imposible.

- En el caso de Construye, el informe dice que ahora tienen cero adherentes permanentes. ¿Eso es siquiera técnicamente posible?

Cuando se constituye el movimiento político, se presenta el 1,5 % de adhesiones como mínimo para calificar y el 10 % deben ser los adherentes permanentes. Entonces, queda en el sistema registrado el listado de quiénes son esos adherentes permanentes. Lo que hay que ver es si cruzaron la base de datos y estos mutaron a otras organizaciones políticas o si se les afiliaron, pero este procedimiento no está arreglado; es lo que me llama la atención. Pueda ser que todos los originarios se fueron.

El CNE valida un padrón electoral "contaminado"

- ¿Por qué cree que no han mostrado los sustentos?

Veo que en el seno del Consejo Nacional Electoral ni siquiera hay entendimiento, porque hay dos vocales -la presidenta, Diana Atamaint, y un consejero- que están votando a favor sobre un informe técnico-legal que no sé con base en qué lo hicieron. El otro problema que tiene el registro de afiliados y de adherentes permanentes es la contaminación desde su creación. Cuando se hizo el proceso de reinscripción de los partidos, no fueron inteligentes ni la reforma fue adecuada. Se mezclaron ahí todo tipo de adhesiones y de afiliaciones. Incluso se contrataban compañías para buscar estas adhesiones para que les den firmando con base en el padrón. Es un registro absolutamente falso. Entonces, en la realidad no sucede lo que dice tener este registro de afiliados.

Extinción de partidos debe realizarse con el debido proceso

- ¿Qué riesgos representan para la democracia ecuatoriana estas decisiones llenas de sombras y preguntas?

La vida de las organizaciones políticas en el Ecuador tiene altos y bajos, pero sí es preocupante que, sin una razón constitucional o legal legítima o utilizando argumentos aparentes, se impida la participación de organizaciones políticas. Lo correcto es más bien controlar que su ejercicio político sea el adecuado; si no, hay que suspenderles. Pero otro tema que es fundamental, y eso es parte de la responsabilidad del dignatario público electoral, de quien ejerce como consejero o como juez, es que en esto hay que tener oportunidad. Los casos de extinción de organizaciones políticas no se pueden sacar a último rato; tenían que haberse accionado en su oportunidad, para que tengan el derecho a defenderse.

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