La subasta inversa electrónica es el procedimiento en el que con mayor frecuencia se adjudican proveedores con la participación de un solo oferente, bien sea porque no concurrieron más o porque el resto de participantes fue descalificado. Esto imposibilita la puja -en la que los participantes compiten en un plazo corto de tiempo con ofertas de precios a la baja- y se pasa a una negociación directa entre la entidad contratante y el proveedor, en la cual debe haber una disminución de al menos 5% con respecto al presupuesto referencial.

Entre 2016 y 2021, se adjudicaron 3.254 millones de dólares mediante negociación. En 2021, esta modalidad representó 40,4% de los montos adjudicados en subasta, según estadísticas del Sercop.

Juan Francisco Díaz, coordinador nacional del Observatorio de Transparencia de la Contratación Pública explicó que uno de los temas que más incide en la descalificación de ofertas es la alta discrecionalidad que existe en la etapa de convalidación de errores, por contradicciones propias de la norma, específicamente los artículos 157 y 158 de la Codificación de las Resoluciones del Sercop, que hablan sobre los errores de forma convalidables y los errores no subsanables.

La Seguridad Social es el segundo sector de Gobierno con mayor participación en procesos de subasta. En 2017, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) celebró procesos de compras públicas con el fin de contratar servicios de cobranza extrajudicial para la recuperación de obligaciones patronales en mora en las distintas direcciones provinciales. Se realizaron subastas diferentes por cada una de las siete zonas territoriales.

Los dos procesos más costosos eran los de la zona 2 (Pichincha, Napo y Orellana) y la zona 5 (Bolívar, Galápagos, Guayas, Los Ríos, Santa Elena). Fue en estos dos donde el procedimiento terminó en una negociación, por descalificación de ofertas. En ambos participaron las mismas empresas o consorcios.

El proceso de la zona 2 estuvo precedido por otro que fue declarado desierto, luego de la inhabilitación de las cinco ofertas que se presentaron. A finales de junio se reabre el proceso de subasta, al que se presentaron el Consorcio Cobraz Contact Center, Consorcio Quest, Gestiona American Call Center y el Consorcio Recsa. El único oferente que resultó habilitado por la Comisión Técnica fue el Consorcio Cobraz Contact Center (conformado por Recapt Recuperación de Capital Contac Center y Cant Tecnología).

No es la primera vez que Recapt terminaba como la única oferta calificada dentro de un proceso de subasta con el IESS. En 2014 fue adjudicada por segunda vez con el contrato para la entrega de citas médicas del Seguro Social, por 18 millones de dólares. En esa ocasión también fue el único proveedor habilitado. Desde 2012, esta empresa era la proveedora del agendamiento de citas. En 2019 la Superintendencia de Control del Poder de Mercado impuso a Recapt una multa de 277. 037 dólares por incurrir en actos anticompetitivos de colusión en el proceso convocado por el IESS en 2011 para la contratación del sistema de citas.

Para la subasta de la zona 5 (Guayas y otras provincias), celebrada en agosto, se presentaron los mismos cuatro oferentes. Esta vez en el proceso de calificación, la única oferta habilitada para participar por la Comisión Técnica fue el Consorcio Recsa, al que finalmente se adjudicó el contrato por negociación. Esta firma -actualmente llamada Libera- también ganó por puja los contratos de las zonas 1, 6 y 7, todas de la Sierra. A diferencia de Recapt, estos eran sus primeros contratos con el IESS.

En estos contratos, el monto a cobrar depende del porcentaje de la cartera en mora que logre cobrar el proveedor. Tras alcanzarse un descuento del 35% en las negociaciones, los montos adjudicados en los contratos de las dos zonas estaban por encima de los 6 millones. No obstante, lo que finalmente se pagó a las empresas fue mucho menor.

Nelson Ayala, apoderado general de Libera, explicó que el presupuesto referencial (9,6 millones) estimado por el IESS era “irreal”, porque se calculó sobre el supuesto de que se cobraría la totalidad de la cartera en mora. “Estadísticamente es imposible; hay deudas de muchos años y en otros casos las empresas están liquidadas”.

Juan Patricio Moreno, gerente general de Libera, precisó que la firma tenía a cargo una cartera por cobrar de 250 millones, que se reajustaba mensualmente. De ese monto, recuperó unos 30 millones y finalmente cobró 835.804 dólares. Sobre la modalidad de contratación, Moreno aseguró que hubiesen preferido ganar por puja como en las otras zonas, porque por negociación el descuento sobre el presupuesto fue mayor. En total, por las cuatro zonas en las que brindaron el servicio, Libera cobró 1,2 millones.

Recapt, por su parte, se negó a ofrecer una entrevista presencial, telefónica o virtual para este reportaje. En dos oficios enviados digitalmente al Diario reiteró que cualquier requerimiento de información lo responderían únicamente por escrito. En el último oficio, la firma aprovechó de precisar que del monto adjudicado (6,3 millones) solo facturó 810.631 dólares.

También se solicitó entrevista a Geovanna León, exdirectora general del IESS, quien señaló que no podía darla por temas de agenda y por no contar con la información a mano. Con excepción de Pichincha, los procesos se celebraron en cada dirección provincial. Por ello, se buscó la versión de Jefferson Gallardo, exdirector provincial del IESS en la zona 5, pero no respondió llamadas ni mensajes.

La participación de un solo oferente en procesos de licitación de seguros, subasta inversa u otras modalidades no concuerda con los principios de igualdad, oportunidad y concurrencia de los que habla la Ley de Contratación Pública. En algunos de los procesos analizados se corroboró además la recontratación de proveedores anteriormente señalados por prácticas anticompetitivas o de corrupción.

PRINCIPAL CONTRATANTE

Petroecuador es la principal empresa estatal en valores adjudicados por subasta al 2021. En los últimos seis años fue también una de las compañías -junto a la antigua Petroamazonas- que más contratos cuantiosos adjudicó mediante negociación.

Entre estos procesos están los del servicio de levantamiento de carga extrapesada y transporte con levantamiento de carga incorporada para las operaciones de la empresa, adjudicados en 2018 y 2021 al Consorcio Amazonas, por 8,2 millones en cada contrato. En ambos casos, el Consorcio -conformado por Transportes Noroccidental, Gruasatlas y José Ocaña Mayorga Transportes- fue el único oferente que se presentó.

“Una empresa decide si participa o no. Al ser un área especial, se requiere de bastante maquinaria de equipo pesado, que no todas las empresas tienen completas, por eso se optó por conformar un consorcio. Pasamos la calificación, los filtros, nos pidieron convalidación. Desconocemos si otros se presentaron”, aseguró Xavier Lomas, gerente de proyectos de Transporte Noroccidental, firma que también ha brindado sus servicios a Celec, Empresa Eléctrica de Quito y Elecaustro.

Se solicitó una entrevista a Petroecuador para consultar sobre estos y otros procesos de subasta que han terminado en negociación. Sin embargo, no hubo respuesta.