La comida en las cárceles, un servicio sin contrato firmado

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La comida en las cárceles, un servicio sin contrato firmado

El SNAI recurrió a convenios de pago para cancelar $ 43,1 millones por alimentación.  Licitaciones de 2019 y 2020 para escoger un proveedor fracasaron

ALIMENTACION EN LAS CÁRCELES
El Estado destina unos $ 36 millones anuales para cubrir las tres comidas diarias de los internos en 52 centros de privación de libertad del país.ARCHIVO EXPRESO

Formalizar el servicio de alimentación para la población carcelaria del país se ha vuelto un embrollado asunto para el Estado. Desde 2019 no hay un contrato formalmente suscrito para el suministro de comida en los 52 centros que acogen a las personas privadas de libertad.

El Sercop determinó que los procesos preparatorios —donde se establecen las necesidades de un contrato— y la administración de los contratos firmados son los eslabones con más fallas.

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La provisión de tres raciones diarias para cada preso demanda un desembolso estatal que bordea los 36 millones de dólares anuales. Pero las gestiones realizadas por las entidades públicas encargadas de contratar un proveedor a través de licitaciones, han terminado en procesos fallidos.

El último contrato, suscrito por el desaparecido Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, por un monto de $ 17 millones, tiene fecha del 14 de junio de 2018. El servicio de comida contractualmente duró hasta el 27 de noviembre de ese año.

Una serie de inconsistencias técnicas y legales en las contrataciones de 2019 y 2020 fueron observadas por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y llevaron a que sean declaradas desiertas por parte del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

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El único ofertante que se presentó en esas licitaciones fallidas, es Lafattoría S. A., empresa que a en los últimos ocho años ha tenido la exclusividad en la provisión de comida para las cárceles (ver infografía).

Aracely Pincay, gerente general de Lafattoría, indica a EXPRESO que, no obstante, continúan brindando la alimentación en los centros penitenciarios del país, “por solicitud de la autoridad”. Con el SNAI se establecieron convenios de pago para dar el servicio durante los meses que no han sido cubiertos por un contrato formal, destaca la compañía. Aunque la prestación no se ha interrumpido, el SNAI adeuda lo correspondiente a los primeros siete meses de 2020, revela la empresa, aunque no menciona los montos.

En respuesta a este Diario, la entidad encargada de la administración de las cárceles confirma que desde el 12 de diciembre de 2018 las obligaciones contraídas con Lafattoría por el servicio de alimentación se han cancelado por medio de convenios de pago. Desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2019 (casi 13 meses), SNAI ha desembolsado $ 43’187.835,60. Ese valor resulta del reconocimiento de $ 2,50 (más IVA) por la provisión de tres comidas diarias para cada uno de los cerca de 40.000 presos que se hallan en los centros carcelarios.

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Sobre los convenios de pago, el nuevo director del Sercop, Juan Aguirre, reconoció, en una reciente entrevista con EXPRESO, que junto con la ínfima cuantía son figuras de las que se  abusa en las contrataciones y que representan puntos de fuga de recursos públicos.

El pasado 16 de marzo, dentro de la última licitación convocada, el SNAI adjudicó a Lafattoría como ganador del contrato, acordado por un monto de $ 22’818528,48 y con un plazo de ejecución de 236 días, según la documentación subida al portal de Compras Públicas. Pero la empresa señala que formalmente “nunca fue notificada con una resolución de adjudicación por ninguna vía, ni telemática ni física”.

El 25 de mayo, el SNAI declaró desierto el proceso “por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales”. A fines de marzo, el Sercop había notificado a la entidad contratante sobre varios incumplimientos precontractuales. Uno de ellos mencionaba que Richard Villagrán, accionista de Lafattoría, figuraba a esa fecha como proveedor no habilitado en el Registro Único de Proveedores (RUP).

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La empresa argumenta que dicha inhabilitación se produjo “por el atraso en la presentación de una declaración ante el SRI (Servicio de Rentas Internas)" y que ese hecho recién pudo ser subsanado ante ese organismo y actualizado el RUP en las primeras semanas de junio. En ese registro el accionista actualmente se encuentra habilitado.

“Mi representada ha continuado participando de manera transparente y apegada a la ley en cada uno de los procesos de licitación que el Estado ha publicado, afirma la gerente general de Lafattoría.

Esa firma es actualmente el segundo mayor proveedor del Estado a nivel nacional, según un reporte estadístico del Sercop sobre la contratación publica. En el primer semestre se ha adjudicado $ 39 millones en contratos, de acuerdo con las cifras.

Se alista una nueva contratación

Tras el fracaso de la última licitación, el SNAI prepara un nuevo proceso de contratación pública. El organismo informó a este Diario que desarrolla la etapa preparatoria para levantar el nuevo procedimiento licitatorio.

El pasado 26 de mayo se solicitó al Ministerio de Finanzas la asignación del techo presupuestario para el ejercicio fiscal 2021, con el fin de contar con los recursos para esa contratación, detalla el SNAI.

El proceso será publicado en los próximos días, “en estricto apego a lo que dispone la normativa vigente aplicable a la materia”, refiere el organismo.