Los correctivos se aplican de a poco y desde diferentes frentes. El jueves, el presidente Lenín Moreno emitió el Decreto Ejecutivo 741 declarando emergencia en el sistema de rehabilitación social. La medida, aunque necesaria, es insuficiente a criterio de colectivos que consideran que la seguridad de los privados de la libertad es solo una de las acciones que se exige desde el Gobierno central.

Reforzar la seguridad dentro de los centros -con personal de las Fuerzas Armadas- es un paso importante, según el decreto presidencial. Moreno decidió, además, autorizar requisas y suspender el derecho a la inviolabilidad de correspondencia, libertad de información y libertad de asociación y reunión en las cárceles a escala nacional. Todo por 60 días y para garantizar y “precautelar los derechos de las personas privadas de la libertad como grupo de atención prioritaria”.

En la Asamblea consideran, sin embargo, que la situación en las prisiones es mucho más compleja. Legisladores como Héctor Yépez, representante de Guayas por CREO, explican que también se necesitan reformas legales para reducir el hacinamiento en los centros. Hay medidas complementarias que se deben estudiar dentro de las reformas al Código Orgánico Integral Penal que se redactan en la Asamblea.

El documento sin resolver es una de las deudas que dejó la administración de la expresidenta Elizabeth Cabezas.

El segundo frente, el de reformas legales, incluye cambios en la aplicación de medidas sustitutivas como el arresto domiciliario y la aplicación de grilletes electrónicos. Algo que, tal como publicó EXPRESO el 22 de abril, ayudaría a reducir el 39,21 % de hacinamiento existente.

Según datos compartidos el mes pasado en la Asamblea, en las cárceles del país hay 40.096 presos adultos y 600 adolescentes infractores. En su mayoría, los mencionados son hombres. Más de 37.200 internos. Las autoridades reconocen que el hacinamiento empeoró en 2014, con la aplicación del nuevo Código Penal.

Ernesto Pazmiño, director del sistema penitenciario del país, compareció en abril ante la Comisión de Justicia y admitió que hay problemas legales que deben corregirse de forma inmediata.

El modelo de los Centros de Rehabilitación Social impulsados por el expresidente Rafael Correa ignoró, además, la verdadera naturaleza de este tipo de unidades. Las unidades construidas por más de 300 millones de dólares están lejos de buscar la rehabilitación social de los privados de la libertad. Ricardo Camacho, exsubsecretario de Rehabilitación Social, señaló anteriormente a este Diario que las autoridades del gobierno de Correa “vieron un modelo de autogestión que no lo aplicaron bien... y pues ahí está la construcción de la Revolución Ciudadana, un espejismo”.

Mientras Correa aseguraba que las nuevas infraestructuras contaban con todas las áreas y servicios que demandaba el modelo de gestión carcelaria, la realidad es que cinco años después hay hacinamiento y escasa rehabilitación. En palabras del exfuncionario Camacho, la iniciativa gubernamental terminó en una “bodega de seres humanos”.

Herramienta cuestionada

La fuga del exministro del gobierno de Rafael Correa, Fernando Alvarado, despertó la sospecha de la poca efectividad de los grilletes electrónicos que se utilizan como parte de las medidas de seguridad del Ministerio del Interior y el Gobierno central. Los dispositivos fueron criticados en la Asamblea.

Una falencia alarmante

EXPRESO recorrió el centro de rehabilitación social de Latacunga, construido por el Gobierno anterior, y confirmó que no existen comedores para los reclusos. Las condiciones de rehabilitación dejaron cuestionamientos que son examinados por las autoridades.

El modelo es criticado

La política ecuatoriana es cuestionada porque el modelo, es calificado por expertos como no aconsejable técnicamente. El organismo de Naciones Unidas indica que en las cárceles, “para que haya una verdadera rehabilitación, no deben haber más de 500 presos”.

Escaso control en centros

El uso de celulares y hasta el asesinato de reos, casos confirmados en los últimos meses, despiertan inquietud sobre el modelo de control. Según las autoridades legislativas, se necesitan medidas de control urgentes. Saludan el decreto presidencial.