La resolución establece parámetros específicos para asegurar el acceso a insumos esenciales en los centros de rehabilitación social femeninos.
La resolución establece parámetros específicos para asegurar el acceso a insumos esenciales en los centros de rehabilitación social femeninos.Cortesía

SNAI responde al fallo que obliga a asegurar toallas y kits de higiene en prisiones

El SNAI precisó que estas acciones están sujetas a la capacidad operativa de cada centro

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) se pronunció tras la sentencia emitida por un juez de la Unidad Judicial de Guayaquil, que ordena garantizar la provisión de toallas sanitarias y kits de higiene para mujeres privadas de libertad. 

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La resolución judicial establece parámetros específicos para asegurar el acceso a insumos esenciales en los centros de rehabilitación social femeninos. Según el pronunciamiento, la entidad trabajará junto al Ministerio de Salud Pública para implementar lo dispuesto por el juez y asegurar que los insumos lleguen a la población destinataria. 

El SNAI señaló que la provisión de artículos de higiene íntima femenina no es una medida nueva, sino una práctica que —según la institución— se ha gestionado de manera permanente como parte de la atención básica brindada a esta población.

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SNAI responde sobre la capacidad operativa de cada centro

"Actualmente, las mujeres privadas de libertad pueden acceder a estos insumos mediante el economato de los centros o a través de la entrega realizada por sus familiares. Paralelamente, la administración de cada establecimiento coordina la distribución gratuita de kits de aseo —incluidos productos de higiene íntima— mediante procesos interinstitucionales y la gestión de donaciones", escribió.  Estas prácticas, de acuerdo con la información difundida, se mantienen de manera continua en los centros femeninos a escala nacional.

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El SNAI precisó que estas acciones están sujetas a la capacidad operativa de cada centro, lo que implica que la disponibilidad y frecuencia de entrega pueden variar. Sin embargo, afirmó que las gestiones para garantizar el acceso a estos productos se realizan de forma sostenida con el objetivo de atender las necesidades de la población femenina privada de la libertad.

La sentencia judicial refuerza la obligación del Estado en asegurar condiciones mínimas de higiene y dignidad dentro de los centros penitenciarios, un aspecto que ha sido reiteradamente señalado por organizaciones sociales y observadores del sistema carcelario. Su cumplimiento dependerá ahora de la capacidad de coordinación entre las instituciones involucradas y de la continuidad en los procesos operativos dentro de los establecimientos penitenciarios.

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