Hacen el juego del mudo. En menos de una semana, dos hechos han sacudido a la opinión pública: el intento de soborno revelado por EXPRESO al ministro del Interior, Juan Zapata, y la impune visita del corrupto confeso Esteban Merlo.

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Pese a la gravedad de los temas, el silencio se ha convertido en la única respuesta de las autoridades. Ni el presidente Guillermo Lasso ni la fiscal Diana Salazar se han pronunciado, dejando un halo de impunidad y de burla a la institucionalidad del Estado ecuatoriano.

Un acto que, estando obligados a actuar ante el conocimiento de un delito, demuestra su complicidad velada y da paso a la impunidad, según Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

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“Se evidencia un desconocimiento de cuáles son los deberes y obligaciones del funcionario público de denunciar casos de corrupción, como en el caso del ministro del Interior, Juan Zapata”, destaca el jurista.

Además, recuerda que, de acuerdo al artículo 83, numeral 8, de la Constitución de la República, todo ciudadano (más aún los funcionarios públicos) tiene el deber y la responsabilidad de “denunciar y combatir actos de corrupción”.

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También sostiene que cada uno de los eslabones de la institucionalidad del Estado deben cumplir su función para una efectiva lucha en contra de la corrupción. Sin embargo, también destaca que la ciudadanía debe exigir la continuidad de los temas para que el silencio oficial no se transforme en impunidad.

Ese silencio y falta de acción por parte de las autoridades, según Mae Montaño, exasambleísta de CREO y exministra del régimen de Guillermo Lasso, también demuestra el continuo debilitamiento institucional del Estado que, incluso, ya ha normalizado los actos de corrupción en su propia esfera.

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“Vemos cuán podrido está el sistema que se habla de dos millones de dólares en sobornos como si nada (...), sin que el presidente separe al funcionario y sin que ponga la denuncia”, continúa la exministra y hace hincapié en que la actitud de las autoridades los hace cómplices de las irregularidades.

Tras casi una semana de insistencia, la Fiscalía General del Estado respondió el 10 de junio de 2023 un pedido de información hecho por este Diario, indicando que, luego de ocho meses de haber conocido el intento de soborno, el ministro del Interior presentó la denuncia que la ley lo obliga a hacerlo.

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“Dicen que justicia que llega tarde, no es justicia”, continúa Montaño y destaca que la falta de voluntad y de coordinación entre instituciones públicas tampoco favorece a la lucha contra la corrupción y que, por el contrario, se abren espacios en el Estado ante la pasividad y silencio de las autoridades.