Desde la Presidencia de la República fueron tajantes en señalar que el jefe de Estado, Guillermo Lasso, no se va a pronunciar sobre el intento de soborno que recibió el ministro del Interior, Juan Zapata, en el proceso de compra de los chalecos antibalas para la Policía Nacional. De esta forma, Diario EXPRESO no pudo conocer qué acciones emprenderá el Gobierno, que al inicio de su gestión en 2021 implementó un Código de Ética del cual son partícipes sus funcionarios.

El documento que a su vez es un decreto presidencial, son las normas de comportamiento ético gubernamental. Es por esta razón que se buscó al secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, pero hasta el cierre de esta edición tampoco atendió a los pedidos de entrevista que ejecutó el periódico para  saber qué acciones se implementarán desde el régimen pues el objetivo del mismo era evitar casos de corrupción en la gestión.

Estos silencios se suman al de la secretaria nacional Anticorrupción, Ana Belén Cordero, que tampoco ha emitido contestación desde el pasado miércoles, cuando se le consultó las acciones a seguir, tras conocerse el caso denunciado por el Ministro del Interior, Juan Zapata.

Lo propio con la Fiscalía General del Estado, desde donde se expuso que tienen un plazo de 15 días para señalar alguna respuesta sobre el tema.

No obstante, Zapata indicó a este medio de comunicación que acudió este viernes 7 de julio  a la Fiscalía para poner la denuncia y enfatizó que si no lo había hecho antes es porque no permitió que se desarrolle “esa insinuación”, que fue una cuestión de segundos en un intento de conversación y que tampoco tenía una grabación como evidencia.

Expuso además, que desconoce si la acción de poner la denuncia “logre algo” porque “seguirá trabajando por el país”.

• Los Procesos

Las cuatro denuncias

Zapata enfatizó ayer que desde que es ministro del Interior ha realizado cuatro denuncias por irregularidades en el proceso de adquisiciones para la Policía Nacional. El artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) indica a los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones que están en el “deber de denunciar” y que están obligados a hacerlo.

En ese orden, el presidente la Junta Anticorrupción, Juan Esteban Guarderas, destaca la valentía de Zapata en decirlo públicamente pero que a la vez debe contar con los elementos probatorios suficientes para iniciar el proceso porque al menos en la institución que representa, a diario llegan al menos diez denuncias de corrupción, pero de esa cantidad apenas una cuenta con los elementos probatorios suficientes.

“Vale la valentía del señor Zapata porque  atrás hay fuertes y peligrosas mafias, recordemos lo que pasó con el señor Gabela con la compra de los Dhruv... Pero el éxito de esto es que sea muy minucioso a la hora de documentarse... Porque si no lo que hace es beneficiar a la contraparte de dos maneras, primero porque pueden contraatacar con denuncias calumniosas y la segunda que si las pruebas no están suficientemente constituidas se puede general el efecto de cosa juzgada”.

Es decir, que en caso de llegar a juicio y que la persona señalada salga con sentencia de ratificación de inocencia por la falta de pruebas, ya no se podrá hacer un juicio nuevo con el mismo peso porque se generó a su favor un elemento en el que no pudo ser señalado.

Sin embargo, para el abogado especialista en Gobierno y Administración Pública, Efrén Guerrero Salgado, primero está su deber objetivo como funcionario público de denunciar todo acto de corrupción. “Si ocurrió un escenario de eso, hay que denunciarlo, fin del cuento, y que las autoridades competentes se hagan cargo del tema”.

Agregó también que quien investiga los casos penales es la Fiscalía, él solo tiene que presentar la noticia del delito, decir quién fue, cuándo fue y de ahí que le llame la Fiscalía para las averiguaciones correspondientes... No es que va a ser juzgado por el mismo caso y dependería si es que hay dos procesos penales y en este caso no hay ni uno, si hay una denuncia, lo que tiene que hacer la Fiscalía es ver si hay un caso y el fiscal tendría que preparar las pruebas y establecer una formulación de cargos, si no lo hace pues ahí queda, no es que se juzga dos veces”,    enfatizó.