Luego de que el ministro del Interior, Juan Zapata, reveló a Diario EXPRESO que intentaron sobornarlo con $ 2 millones para que direccione la compra de chalecos antibalas de la Policía Nacional, diferentes frentes exigen que se divulguen los nombres de quiénes y cuándo fue que lo hicieron.

Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), cuestionó que el funcionario no haya alertado antes del hecho por más que no tenga una grabación    del hecho como tal.

“Debe denunciar, la persona, empresa o institución que intentó sobornarle porque puede seguir pululando por las esferas públicas para lo mismo, esa intención debió ser dicha en su oportunidad, no cuando se ha corrido tanta agua bajo el puente. Zapata lo dice como una anécdota, pero esto es gravísimo para el país”.

Rodas enfatizó que la CNA se encargará de pedirle a la Fiscalía General del Estado que inicie lo más pronto posible investigación a todo el proceso de adquisición que ha hecho el Ministerio. Así también este medio de comunicación elevó la consulta al mismo organismo para conocer si ya había iniciado alguna diligencia o si con lo dicho por el titular de la cartera de Estado es suficiente para que presente una denuncia.

Desde comunicación de Fiscalía se expuso que la solicitud había sido gestionada para la unidad respectiva, análisis y respuesta y que  según la ley, el plazo perentorio para la contestación es de “diez días, que puede prorrogarse por cinco más, por causas debidamente justificadas e informadas”.

Diario EXPRESO intentó obtener una reacción de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar y hasta el cierre de este informe no se obtuvo respuesta. 

El ministro del Interior señaló que debido al intento de soborno se buscó una compra internacional avalada por embajadas y certificaciones internacionales con el fin de que sea lo más transparente posible. Con ello se ejecutó un ahorro de más de $ 6 millones y que además se trata de 52.000 chalecos y que la primera entrega será en aproximadamente 30 días.

De acuerdo al Portal del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) la adjudicación recién se realizó el último lunes 03 de julio a las empresas Armor Corporation y Blank Enterprises, domiciliadas en Estados Unidos. La entrega de los insumos para los agentes es a partir de la firma de contrato, situación que aún no ocurre.

Desde el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado se manifestó la preocupación de la ausencia de veedurías o la fiscalización de las compras públicas en medio de un Gobierno que está cerrando su tiempo de trabajo y que a la vez registra los mayores picos de violencia en su historia.

“Por ser el sector seguridad son los primeros que deben poner el ejemplo en la lucha contra los delitos y responder en primer lugar contra ellos y se espera que exista transparencia y celeridad. Pero ya arrastra un historial por el bajo rendimiento en la compra de armas, municiones, arreglos a las UPC y los cuarteles intermedios que nunca llegaron. Son promesas plasmadas y no cumplidas”, expuso Renato Rivera Rhon, representante del organismo.

Este periódico también intentó obtener una reacción de la Secretaria anticorrupción del gobierno, Ana Belén Cordero; pero hasta el cierre de edición no compartió respuesta alguna.

Sin embargo, Rivera Rhon recomienda la creación de veedurías ciudadanas para detectar esquemas de corrupción en las compras públicas, en vista de que no existe una Asamblea Nacional que exija rendir cuentas y que muchos casos de investigación en la Fiscalía no tienen ni la celeridad para llegar a juicio o simplemente quedan en denuncias.

“Este proceso de salida de un gobierno y el próximo entrante debe revelar los esquemas de corrupción, porque siempre se imaginan que la corrupción y el crimen organizado van a venir de actores ilegales, pero también vienen de actores legales: Odebrecht es una prueba de ello y así también hay industrias de armas que se camuflan en grandes compras de gobiernos”.