Roberto Aguilar | Inés Manzano es una crack para hacerse la sueca

Cayó Fabián Calero, el hombre duro del sector eléctrico y uno de los responsables visibles del fiasco de los contratos con Progen y Austral Technical Management (ATM).

Esta semana, un primer informe de Contraloría (sobre ATM) halló indicios de responsabilidad penal de los que Calero no pudo sustraerse. Faltan horas para la publicación de un segundo informe, sobre Progen, que arrojará resultados parecidos, según anticipó el propio contralor, Mauricio Torres.

La ministra de Energía, Inés Manzano, que había hablado maravillas de Calero cuando lo nombró viceministro de Electricidad, el pasado 12 de octubre, en plena crisis de los apagones (que era el más preparado, decía, el más experimentado, el de mejores pergaminos…), hoy guarda silencio.

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Hasta la víspera prefirió callar su nombre. En el confortable espacio del canal del gobierno dijo “presunción de inocencia”; dijo “el único que puede poner un ‘culpable’ va a ser un juez”; dijo, en fin, obviedades. Como si se tratara de un contrato como cualquier otro y no de un acto administrativo del más alto interés público, cuyo objetivo era solventar una emergencia sin precedentes en un sector estratégico clave, el eléctrico, cuya crisis tenía al país hundido en el caos.

El fiasco de Progen y ATM marca al Gobierno de Daniel Noboa

El fiasco de Progen y ATM, más allá de lo que vayan a decir los jueces, pide responsabilidades políticas a gritos. Pero de eso no se hace cargo la ministra.

No sólo que no se hace cargo: hasta se siente moralmente autorizada para dirigirse al público con la actitud de quien entra en su casa pateando al perro, con mensajes cargados de soberbia.

El viernes, cuando el contenido del informe de la Contraloría dejaba fuera de toda duda razonable las responsabilidades de Calero y ella era incapaz de reaccionar a esa evidente realidad con una declaración política que fuera a la vez simple y contundente, la noticia de que, por su disposición, el viceministro caído en desgracia volvía a ocupar su anterior cargo en la Corporación Eléctrica (CELEC), produjo una ola de indignación que recorrió las redes.

Indignación más que comprensible ante el silencioso desdén de la ministra. Para aplacar el descontento, Inés Manzano optó por el sarcasmo: “Las personas en comisión de servicio -tuiteó dirigiéndose a sus críticos con falso tono didáctico- deben volver primero a sus empresas originales, y ahí procede despido. Y para despido intempestivo hay un proceso… Cracks”. Y para rematar, emoticón de carita que pone los ojos en el techo, como quien dice qué-imbéciles. Ese emoticón (fatuo, arrogante, impertinente) es Inés Manzano.

Así que volvió Calero a CELEC, a su despacho de jefe corporativo de prospección de recursos energéticos, desde el cual cocinó todo el fiasco de Progen en primer lugar, y fue destituido de inmediato. El nuevo gerente de la empresa, Jorge Antonio Jácome, le dirigió un oficio con cuatro páginas de motivaciones jurídicas en el que le comunicaba su despido intempestivo.

Curiosamente, en ninguna parte de esas interminables y farragosas motivaciones consta la razón de su despido: haber incurrido en actos señalados por la Contraloría con indicios de responsabilidad penal.

Nada de eso: las cuatro páginas de Jorge Antonio Jácome se limitan a exponer, vaya perogrullada, su propia competencia legal para despedirlo, como si estuviera en duda. Nueva ocasión perdida para dejar por lo menos un registro documental de la responsabilidad política del caso.

Rodeos, evasivas, desplantes, el blindaje del Gobierno

Rodeos, evasivas, desplantes… Es evidente que el gobierno, con la pedantería y todo, se blinda para evitar que la búsqueda de responsables del fiasco de Progen y ATM escale en la jerarquía gubernamental hasta tocar a ciertos intocables. Porque Calero no era un botado.

Él había entrado en escena como gerente de CELEC a inicios de mayo de 2024, 14 días después de que el presidente Daniel Noboa le pidiera la renuncia a su ministra de Energía de ese entonces, Andrea Arrobo, contra quien terminaría lanzando la pirotécnica acusación de sabotaje.

Calero, el ministro Roberto Luque, que sustituyó a Arrobo, y Arturo Félix Wong, que pasó de secretario de la Administración a ministro de Gobierno, llegaron para hacerse cargo de la emergencia eléctrica. No era un equipo cualquiera: era un equipo cercano al presidente. Ellos son los autores de este fiasco.

Como Jorge Glas, no firmaron ningún contrato, esa precaución es de primer grado: se lo dejaron a los gerentes de Termo Pichincha y Termo Guayas. Pero cuando uno se pone a revisar los antecedentes de los contratos, resulta evidente que hubo aquí una voluntad política que se impuso por encima de todos los parámetros técnicos.

Lo de ATM ya fue noticia esta semana: empresa formada con un capital de 250 dólares, tres meses antes de la firma del contrato, y que fue a buscar máquinas en Líbano que terminaron incumpliendo las características técnicas requeridas por el Estado. Máquinas cuya inspección, para más inri, se hizo por Zoom.

En cuanto a Progen, contratada para instalar los generadores de las centrales de Quevedo y Salitral, el informe de Contraloría está por hacerse público, pero sus resultados preliminares, expuestos en una audiencia reservada, han sido filtrados por medios digitales como La Defensa y Primicias. Aquí nada cuadra.

Desde las fechas que constan en los planos elaborados por Progen para la instalación de sus generadores (febrero de 2024: meses antes de la declaratoria de emergencia), hasta la propia condición empresarial de Progen, que ni es fabricante de las máquinas que vende ni está autorizado por el verdadero fabricante para venderlas.

Más detalles sobre la fabricación de los motores

Los motores que Progen vendió al Ecuador son fabricados, en realidad, por Progress Rail Locomotiv (PRL). Y ocurre que esta empresa, con sede en Estados Unidos, opera a través de una red de distribuidores autorizados.

Resource Power Group (RPG) es el distribuir autorizado para el Ecuador. En esta relación comercial, Progen es un completo advenedizo cuya especialidad, según la Comisión Nacional Anticorrupción, es rebobinar motores viejos (lo cual incumpliría una de las principales cláusulas del contrato con el Estado ecuatoriano: que las máquinas sean nuevas y sin uso).

Según una comunicación dirigida por PRL a la Contraloría, citada por La Defensa, los modelos de motores vendidos por Progen para la central de Quevedo no se fabrican desde 2005 y fueron oficialmente descontinuados en 2009. Los modelos de motores vendidos por Progen para Salitral son de 2019 y sí continúan fabricándose, pero no sin una orden formal de compra, en cuyo caso los tiempos mínimos de espera superan los trece meses (cosa que no ocurrió en el presente contrato).

Estos indicios parecen suficientes para concluir que los equipos provistos por Progen, que permanecen “cubiertos con una película de plástico como si fueran regalitos de Navidad”, según felices palabras de Inés Manzano, y que serán abiertos finalmente esta semana, no son equipos nuevos como se esperaba.

Lo cierto que a estos equipos no se los inspeccionó por Zoom. El en ese entonces gerente encargado de Celec, Fabián Calero, y el ministro Luque viajaron a Estados Unidos y dijeron que todo marchaba sobre ruedas.

Hasta grabaron un video propagandístico en el que Luque aseguró encontrarse “en una de las fábricas” de Progen, cosa que no parece ser correcta a la luz de lo que ahora se conoce.

Lo más curioso de ese video es oír al ministro enumerar los objetivos de su viaje: “primero que nada evitar intermediarios”. Lo dice a sabiendas (porque tenían toda la información en su poder) de que Progen era precisamente eso, un intermediario, incapaz -dice la Comisión Anticorrupción- de ofrecer garantías sobre los equipos que vendía.

“Segundo -continúa Luque- no tener problemas contractuales luego por incumplimientos. Tercero, poder constatar la profesionalidad, los aspectos técnicos que son muy importantes”.

Y cuando dice eso aparece Calero en la pantalla, con una cara de experticia y solvencia que contrasta con los resultados que son de dominio público.

Responsabilidad política. El encargado de establecerla, se supone, es el Poder Legislativo, que tiene en sus manos las llaves del control político. Pero eso no ocurrirá: ya el Consejo de Administración Legislativa se encargó de que el expediente quedara en manos de los propios asambleístas de la bancada de gobierno, donde todo quedará disuelto.

En cuanto a la ministra de Energía, ya fue clara con respecto hacia dónde apunta: hacia abajo. “Tiene que haber implicados -dijo en el canal del gobierno- no solamente la empresa sino también funcionarios. Pueden ser administradores de contrato, que no hicieron las cosas correctamente”.

Pero en cuanto a los principios de la responsabilidad política, aquellas consideraciones que dirigen su atención hacia lo que en las democracias de verdad se conoce como responsabilidades “in eligendo” e “in vigilando” (nombres que lo dicen todo por sí solos), eso, más que latín, es chino para el gobierno de Daniel Noboa.

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