¿Qué pasa en Pujilí? El alcalde está preso y firma resoluciones desde su celda

El cantón Pujilí, en Cotopaxi, atraviesa una crisis institucional. Su alcalde, José Alcides Arroyo Cabrera, permanece en prisión preventiva desde agosto de 2025, acusado de presunto peculado en la adjudicación de obras públicas. A pesar de ello, Arroyo sigue ejerciendo funciones municipales desde su celda, firmando resoluciones que han generado controversia política y jurídica.

El 28 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que un Tribunal rechazó por unanimidad el recurso de apelación presentado por los diez procesados en el caso, entre ellos el alcalde. Con esta decisión, la prisión preventiva quedó ratificada. Según la FGE, la medida busca garantizar que el proceso penal avance sin riesgo de fuga ni obstaculización.

La situación ha desatado un debate sobre la gobernabilidad en Pujilí, pues mientras el alcalde insiste en ejercer su cargo desde la cárcel, concejales y colectivos ciudadanos cuestionan la legalidad de sus actos administrativos.

Prisión preventiva y condiciones especiales

El proceso contra Arroyo se inició el 9 de agosto, cuando la Sala de Anticorrupción de la Corte Provincial de Pichincha ordenó prisión preventiva para los diez procesados. La medida incluyó la prohibición de enajenar bienes y el congelamiento de cuentas bancarias. El tribunal consideró que la detención era “idónea, necesaria y proporcional” para asegurar el desarrollo del proceso.

La defensa del alcalde presentó informes médicos que señalaban enfermedades y cuadros de ansiedad, además de su rol en el cuidado de familiares, solicitando medidas alternativas. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que “existen elementos de convicción graves que impiden dar prioridad a aspectos personales frente a la gravedad del presunto delito”.

Por ello, la prisión preventiva fue modulada para que el SNAI garantice atención médica y psicológica. El juez dispuso que Arroyo no sea ingresado en una cárcel común y se evaluaron centros especiales, como la Cárcel 4 de Quito. Finalmente, se consideró su reclusión en el Centro de Privación de Libertad Quito Femenino Casa de Confianza, en Chillogallo, atendiendo a su identidad de género y antecedentes de vulnerabilidad.

Resoluciones desde la celda

El 24 de octubre, Arroyo sorprendió al cabildo al emitir la Resolución Municipal No. 398-2025 desde su celda, declarando nulas las actuaciones derivadas de una sesión extraordinaria convocada por concejales. El documento, firmado físicamente, generó un nuevo choque político.

Mientras tanto, el concejal Raúl Arroyo se autoproclamó alcalde subrogante, lo que fue denunciado por colectivos ciudadanos como una maniobra ilegal. La pugna ha dejado al municipio en un estado de parálisis institucional, con resoluciones contradictorias y ausencia de consensos.

La prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, hizo un llamado a la unidad y recordó que “José sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario”. También criticó la falta de concejales en sesiones clave y cuestionó la convocatoria durante marchas, señalando la tensión social que atraviesa el cantón.

Información del caso

Las investigaciones contra el alcalde de Pujilí, José Arroyo, no surgieron de manera repentina. En 2024, una indagación revelada por Ecuavisa expuso denuncias presentadas por el vicealcalde y dos concejalas, quienes lo acusaron de presunto peculado en la ejecución de obras públicas.

Según los denunciantes, incluso antes de asumir oficialmente el cargo, Arroyo habría ordenado la realización de proyectos de ornato gracias a una alianza política entre el correísmo, la Izquierda Democrática y el Partido Socialista. Entre las obras señaladas constan la plantación de palmeras y árboles ornamentales, así como el adoquinado de espacios públicos en el cantón.

En su momento, cuando aún era candidato, Arroyo defendió estas intervenciones asegurando que se habían financiado con donaciones de personas anónimas. Sin embargo, ya en funciones como alcalde, inició procesos de contratación pública en el SERCOP para obras que, de acuerdo con los documentos oficiales, ya estaban ejecutadas. Las adjudicaciones alcanzaron cifras significativas: 54.000 dólares por las palmeras, 253.000 dólares por las plantas ornamentales y 141.000 dólares por el adoquinado.

El vicealcalde Raúl Arroyo Zambrano también denunció pagos realizados a familiares directos del alcalde en procesos de expropiación de terrenos. Entre ellos constan: 24.172,36 dólares a su hermano Gerardo Arroyo Cabrera, 121.887,35 dólares a su madre Livia Cabrera Molina, y 33.965,95 dólares a su primo Mario Arroyo Segovia. En otras palabras, el municipio habría adquirido propiedades pertenecientes a la propia familia del alcalde.

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