¿Qué implica 'eliminar' en la nueva ofensiva de Ecuador contra el narcoterrorismo?

La frase "eliminar objetivos” ha ganado protagonismo en el discurso del Gobierno, en el marco de la nueva fase de la guerra contra el narcoterrorismo. Pero ¿Se trata de una metáfora militar, una política de neutralización o una directriz que podría abrir debates sobre derechos humanos?

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Segú el Ministerio de Defensa, la nueva ofensiva militar se articula en tres ejes: control territorial y ofensiva directa, fortalecimiento de la inteligencia y operaciones especiales, y neutralización y eliminación de objetivos. Esta última categoría incluye acciones contra cabecillas de organizaciones criminales, infraestructura utilizada en minería ilegal, vehículos y bodegas vinculadas al contrabando de combustibles.

El lenguaje utilizado por el jefe del Comando Conjunto, General Henry Delgado Salvador, sugiere una postura inflexible: “La consigna frente a las amenazas es clara: la cárcel o el infierno”. Es decir, el bloque de seguridad "dará de baja" a cabecillas de grupos criminales. 

Según expertos, el término eliminar' puede prestarse a interpretaciones ambiguas

Expertos en seguridad y derechos humanos advierten que el término 'eliminar' puede prestarse a interpretaciones ambiguas. Para el analista militar Carlos Jara “en doctrina militar, eliminar puede significar destruir capacidades operativas, no necesariamente acabar con la vida de un individuo”. Sin embargo, añade que “en contextos de guerra irregular, la línea entre neutralización y ejecución puede volverse difusa”.

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Por su parte, la abogada Carla Paredes señala que “el uso de términos como ‘infierno’ en comunicados oficiales puede generar preocupaciones sobre proporcionalidad en el uso de la fuerza”. Paredes insiste en que toda acción militar debe estar sujeta a estándares internacionales de derechos humanos, incluso en escenarios de conflicto armado no internacional.

Territorios priorizados y control penitenciario

La estrategia se concentrará en nueve provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Carchi, Sucumbíos, Orellana, Zamora y Morona Santiago. Además, se ha dispuesto que las Fuerzas Armadas asuman el control de los centros penitenciarios, como parte de una política de “cero tolerancia a la corrupción” y depuración institucional.

Cada operación será monitoreada desde el Comando Conjunto, con indicadores de evaluación que permitirán ajustar tácticas en tiempo real. El Gobierno ha reiterado que esta ofensiva busca “devolver bienestar, seguridad y paz al pueblo ecuatoriano”.

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